Vox ha manifestado su intención de examinar las nacionalizaciones españolas concedidas desde 2018, bajo la gestión de Pedro Sánchez, considerando esta revisión esencial para asegurar la legalidad y transparencia en los procesos de obtención de la ciudadanía.
El líder de la formación, Santiago Abascal, indicó en un acto en Barbastro (Huesca) que algunas de estas nacionalizaciones podrían haberse realizado de manera «fraudulenta» y afirmó que, a su juicio, «esas personas no son españoles ni lo llegarán a ser». Según la formación, más de un millón de individuos habrían recibido la nacionalidad desde el inicio del mandato de Sánchez, y que el partido tiene previsto presentar iniciativas en parlamentos autonómicos y ayuntamientos para llevar a cabo una auditoría detallada de estos casos.
José Antonio Fuster, portavoz de Vox, comentó que la propuesta incluirá una revisión de los procedimientos de nacionalización, aunque no detalló el periodo exacto ni las posibles implicaciones legales. Esta iniciativa se suma a la oposición del partido al proceso de regularización impulsado por el Gobierno, que afecta a más de 500.000 inmigrantes.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2018 y 2024 un total de 1.134.273 extranjeros adquirieron la nacionalidad española. La mayoría proceden de países iberoamericanos (52,6%), seguidos por ciudadanos marroquíes (17%). Estos nuevos españoles habían residido en España un promedio de más de cinco años, cumpliendo los requisitos establecidos, que pueden reducirse a dos años para latinoamericanos.
El Código Civil establece condiciones específicas para revocar la nacionalidad adquirida, tales como falsedad o fraude, pero Vox sostiene que existen bases legales para auditar y eventualmente revocar algunas concesiones. No obstante, expertos advierten que retirar la ciudadanía podría generar problemas significativos de inseguridad jurídica y conflictos internacionales, especialmente con países cuya legislación no contempla la renuncia a la nacionalidad.
Además de la auditoría, Vox propone reforzar los requisitos para acceder a la nacionalidad y a la residencia legal, eliminar la regularización por arraigo y aplicar criterios más estrictos para la deportación de inmigrantes irregulares o quienes no cumplan con ciertas condiciones de integración laboral y cultural.
El debate sobre la nacionalidad y la inmigración se intensifica en el marco de la campaña electoral aragonesa y la creciente preocupación por el control del censo electoral, temas recurrentes en el discurso de Vox y de algunos dirigentes del Partido Popular, como Isabel Díaz Ayuso.
