La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido al Tribunal Constitucional (TC) que otorgue amparo al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont frente a la resolución del Tribunal Supremo que negó aplicarle la Ley de Amnistía en relación con el delito de malversación.
Ambas instituciones presentaron documentos ante el tribunal de garantías, defendiendo que el Supremo debió aplicar la normativa aprobada por el Parlamento. Critican además la interpretación del Alto Tribunal al excluir la malversación del ámbito de la ley, argumentando que dicha interpretación se desvía de la intención legislativa y afecta derechos constitucionales.
La Abogacía del Estado sostiene que el Supremo tenía que haber aplicado la ley conforme a la voluntad parlamentaria, destacando que la interpretación penal no puede ser “totalmente imprevisible” ni carecer de justificación. Considera que la decisión es una interpretación “sin motivación y poco razonable” que vulnera el artículo 24 de la Constitución, vinculado al derecho a la tutela judicial efectiva.
De forma similar, la Fiscalía indica que los fundamentos del Supremo no se ajustan al estándar constitucional de una resolución jurídicamente fundamentada y libre de arbitrariedad. A su juicio, la resolución carece de respaldo suficiente y se aleja del propósito de la ley, que según su preámbulo, tiene como fin poner fin a las sentencias y procesos derivados del procés “sin excepción”.
Ambos organismos señalan contradicciones y saltos argumentales en la resolución del Supremo, lo que a su parecer podría implicar una vulneración del derecho a una resolución debidamente motivada. Por ello, solicitan al Constitucional que acoja el recurso de amparo interpuesto por Puigdemont.
La decisión del TC está condicionada al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles sobre la ley. Se espera el fallo europeo, a más tardar, en marzo. En noviembre, el abogado general del TJUE emitió un informe favorable, reconociendo que la norma fue aprobada en un contexto de reconciliación política y social, y que no existe un vínculo directo entre los gastos del procés y un perjuicio a las finanzas comunitarias.
Una vez que la justicia europea se pronuncie, el Constitucional podrá abordar directamente el recurso de amparo. Incluso si la decisión fuera positiva para Puigdemont, la implementación práctica de la amnistía correspondería al Tribunal Supremo.
Mientras tanto, Puigdemont sigue sin poder regresar a España. Hace dos semanas, el propio Tribunal Constitucional decidió, con una mayoría de 10 votos a 1, mantener la orden nacional de detención en su contra mientras se tramita el recurso.
