Este jueves, la Fiscalía Anticorrupción y el empresario Víctor de Aldama desmintieron haber firmado un pacto de conformidad para el juicio por la supuesta corrupción en contratos de mascarillas. Explicaron que la cooperación de Aldama se limita a lo establecido por la ley, que contempla la reducción de pena en caso de condena.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, junto con la defensa de Aldama, respondieron así a las dudas planteadas por el abogado del exministro José Luis Ábalos durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo. En ella se discutieron las cuestiones previas al primer juicio del conocido como caso Koldo. El letrado del exministro cuestionó que la imputación contra su cliente se base exclusivamente en el testimonio del comisionista y solicitó detalles sobre un supuesto acuerdo con la Fiscalía.
Luzón negó rotundamente la existencia de cualquier acuerdo con Aldama y puntualizó que la declaración del empresario, quien en 2024 colaboró para salir de prisión preventiva en un proceso por presunto fraude en hidrocarburos, no fue inducida por el Ministerio Público, sino que se produjo a solicitud de su defensa.
El fiscal enfatizó que no se trató de una “declaración premiada” y aclaró que la petición de siete años de prisión para Aldama se fundamenta en los atenuantes previstos en el Código Penal por su colaboración para esclarecer los hechos. Además, se le imputan menos delitos que a Ábalos y a su exasesor Koldo García, para quienes la Fiscalía solicita penas de 24 y 19 años y medio, respectivamente.
Por su parte, el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, también negó la existencia de un pacto de conformidad con la Fiscalía. Indicó que su cliente admite los hechos imputados, aunque discrepa de la calificación jurídica que se hace de ellos.
Choclán explicó que Aldama simplemente se acoge a una disposición legal que permite atenuantes para quienes, siendo investigados por pertenecer a una organización criminal, colaboran con las autoridades para desarticular dicha organización, identificar a sus miembros y aclarar los hechos.
«Esto es lo que ha hecho el señor Aldama, no la firma de un acuerdo opaco con la Fiscalía», enfatizó el abogado, reiterando que la cooperación de su cliente responde a procedimientos legales y no a un arreglo encubierto con el Ministerio Público.
