El exministro José Luis Ábalos atraviesa su etapa judicial más delicada. Actualmente en prisión provisional en Soto del Real, el excolaborador destacado de Pedro Sánchez enfrenta tres investigaciones abiertas: la trama relacionada con las mascarillas, el denominado «caso Cerdán» por adjudicaciones de obra pública y la probable imputación en el fraude relacionado con los hidrocarburos.
La situación legal de José Luis Ábalos ha experimentado un cambio decisivo en febrero de 2026. El que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes permanece internado en la prisión de Soto del Real, en prisión preventiva, mientras se desmoronan sus recursos legales que buscaban la anulación de las actuaciones. El jueves 12 de febrero, Ábalos salió brevemente del centro penitenciario para acudir a la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo por la causa relacionada con las mascarillas, mostrando un aspecto serio y agotado.
El obstáculo del Tribunal Supremo y la táctica de aplazamiento
Durante la sesión técnica de esta semana, el abogado de Ábalos, Marino Turiel, junto con la letrada de Koldo García, Leticia de la Hoz, intentaron sin éxito lograr la nulidad del procedimiento alegando indefensión e irregularidades en la investigación. No obstante, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, refutó todos los argumentos, reafirmando la competencia del Supremo pese a la renuncia de Ábalos a su escaño.
La defensa argumenta que, al dejar el acta de diputado, el caso debería remitirse a la Audiencia Nacional. Sin embargo, la Fiscalía advierte que esta maniobra persigue únicamente generar «retrasos indebidos» en un juicio que el Tribunal Supremo tiene previsto iniciar en abril.
Hidrocarburos: una nueva investigación de Santiago Pedraz
Mientras se prepara el juicio por las mascarillas, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se acerca a dictar la imputación de Ábalos y Koldo en una causa separada dentro del «caso hidrocarburos». La pesquisa, basada en un informe de la UCO, señala que la red liderada por Claudio Rivas y Víctor de Aldama destinó aproximadamente un millón de euros para influir en decisiones del Ministerio de Transportes.
Los indicios en esta línea son particularmente sólidos:
• El chalet de La Alcaidesa: Se investiga si la organización financió el uso de esta propiedad de lujo para el exministro.
• Pagos en efectivo: La UCO señala entregas de dinero en efectivo para facilitar a la empresa Villafuel SL la obtención de licencias como operador mayorista.
• El vínculo Aldama: Se considera que Víctor de Aldama recibió más de 292.000 euros por su intermediación entre los empresarios y el Ministerio.
El «caso Cerdán» y la adjudicación de obra pública
A estos procedimientos se añade una tercera causa: el caso Cerdán. El magistrado del Supremo Leopoldo Puente analiza si Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán conformaron una red para manipular contratos en Adif y la Dirección General de Carreteras. Se estima que los implicados podrían haber obtenido un beneficio ilegal cercano a los cinco millones de euros.
Con la Fiscalía Anticorrupción inclinada a solicitar la imputación formal en la Audiencia Nacional por el caso hidrocarburos, el exministro afronta múltiples procesos judiciales que podrían prolongar su prisión. Fuentes cercanas indican que Díaz y el Gobierno mantienen una postura de «distancia prudente» ante un procedimiento que ha superado la esfera política para convertirse en un desafío judicial sin precedentes en España.
