Tres juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional han informado sobre posibles demoras en la resolución de sus procedimientos derivadas de una carga excesiva de trabajo y la falta de personal, con varias plazas vacantes en sus equipos. Esta comunicación se ha dirigido a los abogados que mantienen causas abiertas en dichos juzgados, señalando que esta situación podría afectar los tiempos habituales de tramitación.
Los juzgados centrales de instrucción 1, 5 y 6, responsables de investigar delitos complejos como corrupción, estafas, narcotráfico y terrorismo, ya habían alertado sobre una “situación cercana al colapso” y una “carga de trabajo insostenible” tras una reunión el 16 de enero, donde destacaron la insuficiencia del personal disponible.
En la providencia del juzgado central 1, el magistrado Francisco de Jorge detalla que la combinación de macroprocesos, casos complejos y distintas causas con imputados en prisión imposibilita tramitar los procedimientos en plazos razonables, lo que ocasionará retrasos en la resolución de escritos. Este juzgado cuenta con cuatro vacantes en su plantilla, mientras que el número asciende a seis en el juzgado 6, según explica el magistrado Antonio Piña.
Ambos jueces también indican que la finalización de apoyos, como el magistrado de refuerzo asignado por el Consejo General del Poder Judicial, ha empeorado la situación tras la creación del Tribunal Central de Instancia y la implementación de la nueva ley de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia. Piña advierte que asignar procedimientos al personal actual resulta “inviable” y que cualquier consulta sufrirá demoras.
A pesar de estas dificultades, los magistrados aseguran que se mantendrán las declaraciones programadas y se responderán las solicitudes priorizando las urgentes. El juez De Jorge señala que atenderán preferentemente las causas con presos, casos de terrorismo y otras diligencias urgentes, mientras que las restantes podrían experimentar retrasos.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional había solicitado al CGPJ la creación de dos juzgados nuevos para aliviar la carga. Recientemente, el Consejo aprobó reforzar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con tres magistrados en comisión de servicios. Esta situación coincide con la presión en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que ha propuesto recurrir a la mediación en casos complejos, como el del “cartel de los camiones”, donde fabricantes acordaron precios en Europa entre 1997 y 2011.
