La decisión conjunta de PP y Junts detiene las reformas impulsadas por el PSOE y el PNV en la Mesa del Congreso, manteniendo vigente una de las normativas franquistas más antiguas.
La actualización de la Ley de Secretos Oficiales, pendiente en la democracia española desde hace años, vuelve a encontrar obstáculos en el ámbito parlamentario. A pesar de los esfuerzos del Gobierno (PSOE) y el PNV para renovar una legislación aprobada en 1968, la coalición entre Partido Popular y Junts ha bloqueado el progreso de las iniciativas en la Mesa del Congreso.
Una ley franquista aún vigente en 2026
La ley vigente, promulgada por Francisco Franco, carece de plazos automáticos para la desclasificación de documentos, lo que permite que información relevante de Estado con más de cincuenta años permanezca clasificada indefinidamente. Las propuestas buscaban:
- Definir plazos límite: El PSOE planteaba un máximo de 50 años para los secretos de Estado, mientras que el PNV proponía un límite de 25 años.
- Fomentar la transparencia democrática: Facilitar el acceso a documentos importantes sobre la Transición y la dictadura para historiadores y ciudadanía.
- Armonizar con estándares europeos: Adecuar la normativa a las prácticas de seguridad y transparencia vigentes en la OTAN y la Unión Europea.
La maniobra de bloqueo desde la Mesa
El bloqueo no se ha llevado a cabo mediante votación en pleno, sino mediante una estrategia técnica dentro de la Mesa del Congreso. Según fuentes parlamentarias, las reformas se están «congelando» intencionalmente para evitar que avancen al debate, donde podrían enfrentarse a enmiendas de totalidad.
| Actor Político | Postura / Motivo del Bloqueo |
| PSOE / PNV | Promotores de la reforma; buscan modernizar la ley y avanzar en la regeneración democrática. |
| PP | Se opone por considerar que podría poner en riesgo la seguridad nacional dadas las circunstancias geopolíticas actuales. |
| Junts | El rechazo responde a desconfianza estratégica y exige mayores concesiones en la transferencia de competencias sobre información clasificada. |
“Es una anomalía democrática que en 2026 sigamos regulados por una ley anterior a la Constitución”, señalan fuentes del PNV, que lamentan que intereses políticos a corto plazo impidan un acuerdo de Estado.
Perspectivas poco claras
Ante esta situación, la reforma queda suspendida en un limbo legislativo. Mientras la Mesa continúe retrasando plazos de enmiendas o bloqueando su avance a comisión, España seguirá siendo uno de los pocos países de su entorno sin una regulación sobre información clasificada acorde con los criterios actuales de transparencia.
