La acusación popular representada por el PSOE ha realizado un movimiento procesal significativo a pocos días del comienzo del juicio por la ‘Operación Kitchen’. Los socialistas han solicitado a la Audiencia Nacional la prisión provisional para el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y para el comisario Andrés Gómez Gordo, argumentando un aumento considerable del riesgo de fuga.
Esta petición se presenta en un momento clave, dado que la vista oral está fijada para el próximo 6 de abril, donde se juzgará la presunta operación parapolicial destinada a sustraer información delicada del extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Fundamentos de la acusación: conexiones con México y sospechas financieras
En su escrito, el PSOE justifica la medida cautelar en varios aspectos que, a su parecer, ponen en riesgo la comparecencia de los acusados en el juicio:
- Relaciones familiares: Martínez está casado con una ciudadana mexicana y realiza viajes frecuentes a México, lo que la acusación identifica como un posible medio para fugarse.
- Dudas sobre el respaldo económico: Los socialistas ponen en entredicho cómo ambos implicados pueden sufragar defensas legales de elevada complejidad manteniendo un nivel de vida acorde con sus cargos públicos. Sospechan que podrían contar con «fuentes de ingresos adicionales no aclaradas» que facilitarían una escapatoria internacional.
- Antecedentes penitenciarios: El documento recuerda que Francisco Martínez estuvo en prisión preventiva hasta junio de 2025 por otra causa vinculada a una organización criminal dedicada a ciberataques contra la Administración Pública.
Comienzo del juicio: 6 de abril
La ‘Operación Kitchen’ se posiciona como uno de los procesos judiciales más destacados del año, con el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y Francisco Martínez entre los acusados. Ambos enfrentan delitos que incluyen malversación, organización criminal, revelación de secretos y cohecho, con penas que superan los dos años de prisión.
El propósito del PSOE al solicitar esta medida es asegurar el correcto desarrollo de la vista oral y la ejecución efectiva de una posible condena. En este momento, la Audiencia Nacional debe determinar con urgencia si existen indicios suficientes para considerar un riesgo de fuga y, en consecuencia, imponer el ingreso en prisión de quienes desempeñaron un papel clave en el Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy.
