La consejera Ana Dávila remite una carta al Ejecutivo central advirtiendo de posibles acciones legales si se extiende el sistema de reparto obligatorio sin respaldo jurídico.
La gestión de los menores extranjeros no acompañados ha generado un nuevo conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España. Este lunes, la consejera de Asuntos Sociales madrileña, Ana Dávila, envió una carta al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la que denuncia irregularidades en los traslados, como la división de grupos de hermanos y traslados que ignoran los lazos familiares de los menores.
Alertas sobre vulnerabilidad y exclusión social
Desde el Ejecutivo regional señalan que la falta de coordinación y la imposición de decisiones unilaterales por parte del Estado afectan negativamente el bienestar de los menores. En la carta, Dávila destaca situaciones preocupantes detectadas en los últimos traslados:
- Separación de hermanos: Se han documentado episodios en los que integrantes de una misma familia han sido enviados a distintas comunidades autónomas.
- Desatención a redes de apoyo: Madrid ha recibido menores que reportaban tener familiares en otras regiones o que contaban con ofertas de empleo y familias de referencia en sus lugares de origen.
- Cercanía a la mayoría de edad: La consejera advierte que trasladar a jóvenes próximos a cumplir 18 años fuera de sus entornos habituales les expone a situaciones de exclusión social significativa.
Disputa legal por la extensión del sistema
El enfrentamiento también tiene un componente jurídico. El Gobierno central pretende modificar el Real Decreto-Ley 2/2025 para prolongar hasta agosto de 2027 el mecanismo obligatorio de reubicación por «contingencia migratoria extraordinaria».
Desde Madrid sostienen que los plazos legales han expirado y que cualquier traslado adicional carece de respaldo jurídico. Dávila considera «notable» que el Ministerio pretenda mantener de facto un sistema excepcional tras asegurar públicamente que la emergencia había concluido.
La posición de Madrid: «El Gobierno ha pasado del silencio y la inacción a la imposición», señala la consejera, quien anuncia que la Comunidad emprenderá acciones legales ante cualquier medida que estime contraria a la ley o que invada las competencias autonómicas en materia de protección de menores.
Críticas por la ausencia de evaluación individual
Para la Comunidad de Madrid, la aplicación del protocolo migratorio no considera la evaluación individualizada de cada menor ni su voluntad propia. La administración regional responsabiliza directamente al Estado de la tensión en Canarias, Ceuta y Melilla, pero rechaza que la solución consista en un sistema de reparto que, en su opinión, vulnera los derechos de los jóvenes y sobrecarga a las comunidades receptoras sin la coordinación necesaria.
