El hermano de Koldo García evitó responder sobre sus relaciones con Víctor de Aldama y sus movimientos bancarios, siguiendo la recomendación de su defensa para no auto incriminarse.
Durante una sesión centrada en la estrategia legal, Joseba García Izaguirre, hermano del exasesor ministerial Koldo García, decidió guardar silencio en su declaración ante la Audiencia Nacional. A pesar de la insistencia del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, se abstuvo de responder apelando al consejo de su abogada.
Una figura jurídica relevante: El testigo asistido
La jornada comenzó con una solicitud técnica por parte de la letrada Leticia de la Hoz, defensora de ambos hermanos. De la Hoz pidió que se reconozca a Joseba García como «testigo asistido», figura que permite al compareciente estar respaldado por un abogado y, lo más importante, negarse a contestar preguntas que puedan perjudicarlo en otros procedimientos judiciales.
«Cualquier interrogante podría comprometerlo, dado que está implicado en otra parte del mismo caso», explicó la defensa ante el tribunal.
Cuestiones que quedaron sin respuesta
El fiscal Alejandro Luzón centró su cuestionamiento en tres aspectos que la acusación considera fundamentales para esclarecer la investigación:
- Relaciones con la red: Se le preguntó acerca de sus encuentros con el empresario Víctor de Aldama, protagonista principal en el juicio del Tribunal Supremo.
- Jerarquía familiar: El fiscal intentó verificar si Joseba actuaba bajo las directrices concretas de su hermano, Koldo García.
- Operaciones económicas: Uno de los puntos más delicados fue la referencia a depósitos en efectivo en sus cuentas personales, calificados por el fiscal como un «volumen excepcional».
El derecho a guardar silencio
A pesar de la importancia de las preguntas planteadas, Joseba García mantuvo su silencio. Al estar vinculado a una causa separada dentro del mismo procedimiento en la Audiencia Nacional, ejerció su derecho a no declarar para evitar que sus respuestas puedan ser usadas en su contra en eventos judiciales futuros.
Esta decisión obstaculiza temporalmente una línea directa de investigación sobre el flujo de dinero en efectivo y la organización de las reuniones de los principales implicados en el caso.
