La exsecretaria general técnica durante la gestión de Ábalos declaró ante el tribunal que no participaba directamente en la adjudicación de contratos, aunque reconoció haber recibido el material.
El procedimiento judicial por las supuestas irregularidades en la adquisición de material sanitario en la pandemia ha sufrido un cambio tras la declaración de Angélica Martínez Ortega. La exsecretaria general técnica del Ministerio de Transportes se distanció de la concesión de contratos a Soluciones de Gestión, empresa relacionada con Víctor de Aldama.
«No estaba a cargo del proceso de contratación»
En un interrogatorio caracterizado por un giro en la táctica del tribunal, Martínez Ortega negó implicación en las decisiones operativas de compras durante 2020. A pesar de su alto cargo bajo José Luis Ábalos, afirmó con claridad: “Yo no gestionaba la contratación”.
Sin embargo, reconoció la posibilidad de que le llegaran correos electrónicos relacionados con estas adquisiciones debido al volumen de trabajo en ese período, aunque no formó parte en la selección de proveedores.
Ignorancia acerca de la capacidad de la empresa
Un aspecto central de su testimonio fue sobre la idoneidad de la empresa Aldama enfrenta una petición de siete años de prisión—. Al preguntarle si conocía la experiencia previa de Soluciones de Gestión en el ámbito sanitario, Martínez Ortega afirmó que desconocía totalmente ese dato.
A pesar de las dudas sobre el proceso de selección, dejó constancia de un hecho logístico:
“Tengo conocimiento de que las mascarillas adquiridas fueron entregadas”.
Condiciones excepcionales durante la emergencia sanitaria
Para contextualizar su intervención, la exdirectiva describió la intensa presión que vivió el Ministerio en 2020. Explicó que la normativa vigente permitía la tramitación de emergencia, un procedimiento legal que aceleraba las compras para enfrentar la crisis del coronavirus, junto con métodos de contratación centralizados orientados a la distribución posterior del material.
Con esta defensa de la gestión administrativa se pretende destacar que, aunque los procesos fueron acelerados por la urgencia, se respetó el marco legal excepcional de la pandemia, mientras la justicia continúa investigando posibles privilegios o comisiones indebidas en esos contratos.
