Los inmigrantes en situación irregular disminuyen su presencia en espacios públicos de grandes ciudades ante el incremento de los controles de identidad previos a la regularización excepcional
El grupo de ciudadanos marroquíes que reside en España sin la documentación correspondiente ha empezado a cambiar sus hábitos en los lugares públicos, especialmente en Madrid. Según reportes del diario «Assabah», esta comunidad prefiere evitar mantenerse visibles en espacios abiertos debido al miedo a ser sometidos a controles de identidad, detenciones o posibles procesos de expulsión del territorio español.
Refuerzo en las medidas de expulsión y cooperación policial
Esta situación obedece a una intensificación de las inspecciones por parte de las autoridades españolas. Según las fuentes consultadas, al menos 120 ciudadanos marroquíes registrados en situación irregular están siendo objeto de procedimientos de expulsión. Esta acción de las fuerzas de seguridad busca facilitar la salida de inmigrantes sin documentación válida, en un contexto de colaboración bilateral con Marruecos.
Aparte de los inmigrantes en condición irregular, los procesos de deportación se están aplicando prioritariamente a ciudadanos marroquíes implicados en causas penales. La gravedad de los delitos y la existencia de procesos judiciales abiertos en España han obligado a establecer una coordinación estrecha con las autoridades marroquíes para efectuar estas medidas de expulsión.
Regularización excepcional: un contexto político delicado
Este aumento en las operaciones de seguridad ocurre antes de la entrada en vigor, el próximo 20 de abril, de un decreto excepcional de regularización impulsado por el Gobierno. Este plan, que tendrá lugar desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2026, ofrece la posibilidad de regularizar a aproximadamente 500.000 personas que hayan residido en España antes del 31 de diciembre de 2025.
Para participar en esta medida, que otorgaría permisos de residencia o trabajo por un año, numerosos ciudadanos marroquíes han comenzado a gestionar sus solicitudes mediante despachos jurídicos especializados, buscando cumplir de manera rigurosa los requisitos legales para no quedar fuera del proceso.
Sin embargo, esta iniciativa gubernamental ha recibido críticas importantes tanto a nivel nacional como europeo:
• Unión Europea: Magnus Brunner, comisario de Asuntos de Interior y Migración, expresó su preocupación ante el posible «efecto llamada» que podría generar la medida, señalando que resultaría incompatible con la política migratoria común.
• Oposición: El Partido Popular ha rechazado contundentemente esta operación, elevando sus quejas ante las instituciones de la Unión Europea.
La coincidencia temporal entre este proceso de regularización y el aumento de los controles de identidad ha generado incertidumbre en la comunidad marroquí, que percibe estas detenciones como un obstáculo para beneficiarse de la nueva normativa.
