Dos inspectores de la Agencia Tributaria han declarado ante la Audiencia Nacional confirmando que la mayor parte de la facturación de las empresas del primogénito procedía de compañías con contratos con la Generalitat.
El proceso judicial sobre el patrimonio de la familia Pujol ha continuado hoy en la Audiencia Nacional, donde dos expertos de Hacienda han ratificado que las sociedades gestionadas por Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del exmandatario catalán, facturaron alrededor de 14 millones de euros entre 2004 y 2012. Según los peritos, la mayoría de estos ingresos tenían origen en empresas que habitualmente contaban con contratos públicos en Cataluña.
Los inspectores centraron su estudio en las empresas Iniciatives Marketing i Inversions S.A. (IMISA) y Project Marketing, que constituían las principales sociedades vinculadas a Pujol Ferrusola y su exesposa, Mercè Gironès.
El modelo bajo cuestionamiento
El testimonio refuerza la acusación planteada por la Fiscalía, que sostiene que estos pagos no correspondían a servicios efectivos de consultoría o marketing, sino que se trataba de comisiones ilícitas disfrazadas para facilitar la adjudicación de contratos o favores administrativos.
- Periodo analizado: 2004 – 2012.
- Importe total: 14.000.000 €.
- Fuente de los fondos: Empresas contratistas habituales en la Generalitat de Cataluña.
La defensa defiende ausencia de «influencia política»
En contraste con la postura de Hacienda, también participaron peritos de la defensa. El catedrático de Derecho Administrativo, Joan Manuel Trayter, declaró para desvincular la influencia política en la concesión de licencias ambientales, en particular respecto a los controvertidos vertederos en Cruïlles (Girona) y Tivissa (Tarragona).
Trayter explicó que estos procedimientos son actos «regulados», lo que implica que la administración no tiene capacidad discrecional:
«Los políticos deben aceptar los informes técnicos preceptivos y determinantes; no disponen de margen para decisiones subjetivas».
Con esta argumentación, la defensa busca refutar la acusación de que Jordi Pujol Ferrusola habría utilizado su posición política y familiar para manipular las autorizaciones relacionadas con estos vertederos, en los que había invertido mediante sociedades establecidas en el extranjero.
Un tribunal con 18 acusados
La sesión actual forma parte de un procedimiento judicial complejo donde se juzga no solo al expresidente Jordi Pujol y sus siete hijos, sino también a su exnuera y a nueve empresarios. La principal cuestión a resolver es si el patrimonio oculto en Andorra durante décadas tiene un origen legítimo (el supuesto «legado» del abuelo Florenci, según la defensa) o si proviene de una red institucionalizada de corrupción.
