El Partido Popular ha presentado una iniciativa legislativa que pretende redefinir la categoría de familia vulnerable, con el fin de facilitar y agilizar los procedimientos de desalojo por falta de pago en los alquileres. Su propuesta principal consiste en rebajar significativamente el límite de ingresos mensuales, pasando de 1.800 euros a 900 euros.
Modificación del umbral de ingresos
La actual Ley de Vivienda establece que para ser considerado vulnerable, los ingresos familiares no deben superar tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, alrededor de 1.800 euros mensuales. La reforma propuesta por el PP plantea:
- Nuevo límite: El umbral disminuiría a 1,5 veces el IPREM (aproximadamente 900 euros).
- Consecuencias: Numerosas familias que hoy están protegidas contra los desahucios por su situación económica perderían esa condición, permitiendo a los arrendadores continuar con los procesos de desalojo con mayor rapidez.
Posición del Partido Popular
Desde el PP, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, se sostiene que la legislación vigente genera una «indefensión» para los propietarios y contribuye a la incertidumbre legal. En sus argumentos destacan:
- Defensa del pequeño propietario: Consideran que el umbral actual es «excesivamente alto» y que muchos propietarios particulares están asumiendo costos que corresponden a políticas sociales que debería financiar el Estado.
- Aceleración de los procesos: Al limitar el número de personas que pueden acogerse a la prórroga por vulnerabilidad, se busca reducir la saturación en los tribunales y mejorar la dinámica del mercado del alquiler.
Respuesta de la izquierda y colectivos sociales
Esta propuesta ha sido criticada con dureza tanto por el Gobierno como por asociaciones defensoras del derecho a la vivienda:
- Gobierno (PSOE y Sumar): Denuncian que el PP pretende «quitar protección a la clase media trabajadora» en un contexto de aumento de precios en los alquileres. Señalan que las familias con ingresos de entre 1.200 y 1.500 euros en grandes ciudades como Madrid o Barcelona ya enfrentan una situación económica muy precaria frente a los costes del mercado.
- Plataformas de afectados: Alertan que la medida puede desencadenar un incremento de desahucios de personas que, aunque estén empleadas, no logran cubrir sus gastos mensuales debido a la inflación y el aumento de los suministros.
Marco legislativo
La iniciativa forma parte de un esfuerzo del PP para derogar o modificar de forma significativa la Ley de Vivienda nacional, a la que responsabilizan de la disminución de la oferta de inmuebles en alquiler y del aumento de los precios. Se anticipa un debate intenso en el Congreso, donde la coalición de investidura ya ha manifestado que impedirá cualquier intento de recortar derechos de protección social.
