Esta semana, el Senado comienza a debatir diversas iniciativas que buscan endurecer las condiciones para la concesión de beneficios penitenciarios a reclusos vinculados a ETA, además de reforzar medidas contra actos de homenaje o glorificación de miembros de la organización terrorista.
Gracias a la mayoría del PP en la Cámara Alta, estas propuestas tienen posibilidades de aprobarse y deberán continuar su trámite en el Congreso de los Diputados. Los populares pretenden revisar los mecanismos existentes que han facilitado ciertas flexibilizaciones penitenciarias para antiguos miembros de ETA, asegurando una política penitenciaria basada en el “máximo rigor” y la legalidad vigente.
El PP propone modificar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario
Una de las iniciativas principales es la reforma del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, un instrumento que posibilita la aplicación de modelos individualizados de cumplimiento y que en ocasiones ha permitido regímenes de semilibertad.
El PP argumenta la necesidad de revisar este mecanismo para evitar decisiones penitenciarias que, según su criterio, puedan contravenir la legislación vigente y resultar ofensivas para las víctimas del terrorismo.
Se busca fortalecer el papel de la Administración General del Estado y del Ministerio Fiscal en la supervisión, recurso e impugnación de decisiones penitenciarias que se consideren contrarias a los principios de memoria, dignidad, justicia y reparación.
Los casos de Anboto y Txeroki centran el debate
Esta iniciativa surge tras la controversia provocada por beneficios concedidos a antiguos líderes de ETA, como Soledad Iparragirre, Anboto, cuya semilibertad fue revocada, y Garikoitz Aspiazu, Txeroki, condenado por su participación en la estructura de la banda.
Estos casos han reavivado el debate político sobre la aplicación de beneficios penitenciarios y el rol de las instituciones en la supervisión de las decisiones que afectan a presos por terrorismo.
El PP insiste en que la política penitenciaria no debe servir como una herramienta de negociación política y siempre debe respetar la memoria de las víctimas.
Propuesta para crear una Comisión de Interior
Otra medida planteada es la creación de una Comisión de Interior en el Senado, destinada a analizar los beneficios penitenciarios otorgados a presos de ETA y evaluar posibles reformas normativas.
Esta propuesta responde al descontento manifestado por asociaciones de víctimas, que demandan mayor control sobre las decisiones penitenciarias y una interpretación restrictiva de los requisitos para acceder a regímenes de semilibertad o tercer grado.
El documento impulsado por el PP enfatiza la responsabilidad institucional de asegurar que todas las decisiones respeten los principios de reparación, memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo.
Medidas contra los homenajes a miembros de ETA
El Senado también abordará medidas para impedir actos de homenaje a presos y exmiembros de ETA, poniendo el foco en evitar que manifestaciones, pancartas, pintadas o eventos públicos sirvan para enaltecer a integrantes de la banda terrorista.
UPN ha presentado varias demandas, entre ellas la promoción en el Congreso de iniciativas ya aprobadas que buscan eliminar estos actos, impedir su realización en eventos públicos y exigir responsabilidades a los organizadores.
Igualmente, se reclama que no haya financiación pública para ningún acto que suponga una humillación a las víctimas.
Covite reportó 374 actos de apoyo a ETA en 2025
El debate surge en un contexto de preocupación por el incremento de actos de respaldo a presos de ETA. Según datos citados por Covite, en 2025 se documentaron 374 actos de apoyo a ETA, que incluyen manifestaciones para solicitar excarcelaciones, pintadas, pancartas y expresiones explícitas a favor de presos de la organización terrorista.
En 2026, la controversia se extendió a eventos populares como la Korrika, donde se exhibieron fotografías de miembros de ETA, según diversas denuncias.
Una iniciativa política en defensa de las víctimas
Las propuestas que el Senado debatirá forman parte de una estrategia para fortalecer la protección institucional de las víctimas del terrorismo y limitar interpretaciones flexibles en la concesión de beneficios penitenciarios a condenados de ETA.
Con el respaldo mayoritario del PP en la Cámara Alta, se prevé la aprobación de estas medidas, que luego deberán pasar por un proceso más complejo en el Congreso. Este debate pone nuevamente en primer plano la política penitenciaria, la memoria de las víctimas y los límites legales frente a actos de enaltecimiento del terrorismo.
