El Ministerio del Interior informa que la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron uso de estos dispositivos en 154 ocasiones durante 2025. La tendencia se mantiene en 2026, con 31 intervenciones registradas hasta marzo.
MADRID – Los dispositivos electrónicos de control, comúnmente denominados pistolas Taser, se han convertido en herramientas habituales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según datos oficiales proporcionados por el Ministerio del Interior en respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, estos dispositivos se emplearon en promedio una vez cada 57 horas durante el año pasado.
En total, en 2025 se registraron 154 usos entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. Este ritmo de utilización continúa en 2026: en los primeros 77 días del año (hasta el 19 de marzo), se contabilizaron 31 activaciones de estos aparatos, manteniendo un nivel similar al del ejercicio precedente.
Incremento progresivo en su implementación
La Policía Nacional dispone actualmente de 3.000 dispositivos eléctricos de inmovilización, con el objetivo de aumentar esta cifra a 3.500 para 2028. Por otro lado, la Guardia Civil ha incorporado estos equipos en su dotación estándar para situaciones en las que el uso de armas de fuego sería excesivo, pero la fuerza física resulta insuficiente.
Estos aparatos funcionan lanzando dardos que producen una descarga eléctrica, la cual bloquea temporalmente las señales entre el cerebro y los músculos, inmovilizando al individuo. El Ministerio del Interior señala que, tras cada empleo, es obligatorio realizar una evaluación médica a la persona afectada para descartar posibles lesiones graves.
Supervisión y debate
La divulgación de estos datos coincide con el cierre judicial de la investigación sobre la muerte de Haitam Mejri, un hombre de 35 años que falleció en diciembre en Torremolinos tras su detención, en cuya actuación se emplearon pistolas eléctricas. Aunque la justicia no encontró evidencias de delito en ese caso, organizaciones como Amnistía Internacional y el Defensor del Pueblo han manifestado su inquietud.
El Defensor del Pueblo ha alertado en varios informes sobre el posible «uso indebido» de estos dispositivos y ha recordado que, aunque se presentan como «no letales», pueden causar «dolor y sufrimiento» significativos. Por este motivo, han insistido en la implementación de cámaras corporales que graben todas las intervenciones, garantizando que el uso de estos dispositivos sea siempre el último recurso y se ajuste a principios de proporcionalidad y necesidad.
