La Comisión Europea ha planteado un nuevo procedimiento contra España debido a incumplimientos en varias normativas comunitarias. Bruselas ha identificado deficiencias en la legislación española relativa a la morosidad en el sector minorista y ha dado un plazo al Gobierno para modificar la normativa sobre el blanqueo de capitales en operaciones con criptoactivos.
El Ejecutivo de la UE ha otorgado a España un periodo de dos meses para solucionar las irregularidades señaladas. Si la respuesta no satisface a la Comisión, esta podrá avanzar con el procedimiento y, en última instancia, remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Bruselas inicia procedimiento contra España por morosidad
Respecto a la morosidad, la Comisión ha enviado a España una carta de emplazamiento, que supone el primer paso en el proceso de incumplimiento. Bruselas considera que la normativa española no se ajusta plenamente a las normas europeas sobre los tiempos de pago en el sector minorista.
El inconveniente radica en que los pagos por ciertos bienes de consumo pueden superar sistemáticamente los 60 días y en ocasiones superar los 120 días. Para la Comisión, esta práctica contradice la interpretación del TJUE, que destaca la necesidad de asegurar pagos puntuales entre empresas.
Bruselas sostiene que los plazos de pago son esenciales para el correcto funcionamiento del Mercado Único, pues impactan directamente en la liquidez empresarial, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.
Plazo de dos meses para corregir irregularidades
España cuenta ahora con dos meses para responder a Bruselas y tomar las medidas adecuadas. Si las soluciones o explicaciones ofrecidas no son satisfactorias, la Comisión podrá avanzar en el procedimiento sancionador.
La siguiente fase consiste en un dictamen motivado, la última oportunidad para solucionar el incumplimiento antes de que se pueda llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Advertencia por el blanqueo de capitales en criptoactivos
Además, la Comisión Europea ha recordado a España que no ha incorporado por completo en su legislación nacional las modificaciones de la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales.
Dicha regulación busca reforzar el control sobre las transferencias de dinero y criptoactivos, exigiendo la identificación tanto del emisor como del receptor de cada transacción. Bruselas pretende eliminar espacios de anonimato que podrían facilitar el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
En esta cuestión, la Comisión ya ha remitido un dictamen motivado, una fase más avanzada del procedimiento. España tiene dos meses para finalizar la transposición y comunicar las medidas adoptadas.
La Unión Europea busca eliminar el anonimato en las criptomonedas
La nueva normativa comunitaria exige que las operaciones con criptomonedas se sometan a controles equivalentes a los del sistema financiero tradicional. Esto implica que las transferencias de criptoactivos deben incluir información detallada sobre el remitente y el receptor.
La Comisión sostiene que esta trazabilidad es necesaria para impedir que las criptomonedas sean usadas para ocultar fondos ilícitos. Además, la norma obliga a los Estados miembros a establecer sanciones administrativas para personas y empresas que incumplan estas obligaciones.
España no notificó a tiempo las sanciones administrativas
Bruselas critica que España no haya completado la aplicación del reglamento europeo ni comunicado las sanciones administrativas pertinentes antes del 30 de diciembre de 2024, fecha límite establecida.
Para la Comisión, esta falta de adaptación genera lagunas en el sistema de control y disminuye la capacidad de las autoridades para perseguir operaciones sospechosas relacionadas con criptoactivos.
Posibilidad de llegar ante el Tribunal de Justicia de la UE
Ambos expedientes representan un nuevo desafío entre Bruselas y España. En el caso de la morosidad, el procedimiento está en etapa inicial; respecto al blanqueo de capitales, el proceso está más avanzado y el margen para evitar pasos posteriores es reducido.
Si España no subsana las irregularidades señaladas, la Comisión Europea podrá llevar el caso ante el TJUE, lo que podría conllevar condenas y sanciones económicas.
El mensaje de Bruselas es claro: España debe adecuar su normativa a los estándares europeos, tanto para asegurar pagos puntuales entre empresas como para fortalecer el control de las operaciones financieras y los criptoactivos.
