Manuel Morocho, investigador principal de la trama, declara que la operación Kitchen se llevó a cabo sin el respaldo judicial correspondiente y que incluyó acciones dirigidas contra su propio equipo en la UDEF.
Madrid – Este jueves se retoma el juicio conocido como «caso Kitchen» en la Audiencia Nacional, con la continuación de la declaración de Manuel Morocho, inspector jefe responsable de las pesquisas sobre la trama Gürtel y la contabilidad paralela del Partido Popular. En esta décimo cuarta sesión, la atención se centra en supuestas maniobras de carácter parapolicial destinadas a frenar el avance judicial.
Al comenzar su testimonio, Morocho afirmó con claridad que desde agosto de 2015 detectó una operación policial relacionada con Luis Bárcenas que operaba sin supervisión judicial. Según expuso, esta acción no solo apuntaba contra el extesorero, sino que también se dirigía «contra» el Grupo 21 de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), que él lideraba, con la intención de interferir en el trabajo del juez instructor.
Desmentir la hipótesis de la red paralela
Después de responder a las preguntas de la acusación y la defensa del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, este jueves corresponde el turno a los abogados defensores de otros nueve acusados. Ellos intentarán cuestionar la declaración de Morocho para debilitar la principal acusación: que existió una red dedicada a sustraer documentos comprometedores para el PP de las manos de Bárcenas antes de que se entregaran al juzgado.
Aspectos esenciales del testimonio
La declaración de Morocho destacó varios puntos fundamentales en el caso:
- Presiones internas: El inspector denunció haber sufrido presiones por parte de sus superiores para modificar informes, incluyendo órdenes explícitas para omitir el nombre del expresidente Mariano Rajoy.
- Investigación «en la sombra»: Morocho señaló que fue a partir de una entrega de información desde la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que se descubrió esta estructura paralela que funcionaba fuera del procedimiento oficial.
- Conflicto de competencias: El inspector afirmó que mientras su equipo trabajaba bajo mandato judicial, otro grupo policial actuaba con el propósito de proteger los intereses del partido en el Gobierno en ese momento.
La sesión de hoy resulta clave para verificar los detalles de esta presunta red de espionaje y apropiación de documentos, en un proceso que busca esclarecer responsabilidades sobre el uso de recursos del Ministerio del Interior con fines particulares y políticos.
