Uno de los momentos centrales del juicio por el caso mascarillas se vivió este jueves en el Tribunal Supremo con la declaración de Koldo García, exasesor del antiguo ministro de Transportes José Luis Ábalos. García rechazó haber percibido pagos recurrentes del empresario Víctor de Aldama y aseguró no haber tenido autoridad para influir en la adjudicación de contratos relacionados con material sanitario durante la pandemia.
Esta audiencia siguió a la declaración de Aldama el miércoles, en la que afirmó haber entregado entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones a Ábalos y a García vinculadas a contratos públicos. Además, el empresario involucró al presidente Pedro Sánchez en una presunta estructura de la trama, aunque sin presentar documentos que respaldaran sus declaraciones.
Ante el tribunal, García negó tajantemente haber recibido de Aldama 10.000 euros mensuales entre 2019 y 2022, tal como afirmó el empresario. También descartó haber recibido obsequios como un vehículo, una motocicleta o pagos personales, y explicó que ciertas operaciones económicas señaladas por la acusación cuentan con documentación justificativa.
“No tomé decisiones”
Un aspecto clave en su testimonio fue la compra de mascarillas realizada por organismos dependientes del Ministerio de Transportes. García admitió haber trasladado al Ministerio la oferta de Soluciones de Gestión, empresa asociada a Aldama, pero negó cualquier participación en su adjudicación o capacidad para decidir sobre la contratación.
El exasesor explicó que en los primeros meses de la pandemia su tarea consistió en facilitar la llegada de material sanitario a España en un momento de urgencia máxima. Según él, las decisiones técnicas y administrativas correspondían a otros responsables, sin intervención de su parte.
Durante su declaración, García añadió que, en esos días, muchas personas contactaban para obtener material sanitario y su función era únicamente transmitir ofertas y facilitar contactos. También negó conocer en ese entonces que Aldama estuviese vinculado a Soluciones de Gestión o que hubiera recibido beneficios económicos derivados de los contratos.
Niega contactos con Sánchez tras su llegada a La Moncloa
Respecto a las afirmaciones de Aldama sobre una supuesta cercanía con el presidente Pedro Sánchez, García reconoció que pudo tratar con él antes de que asumiera la Presidencia, pero negó haber mantenido comunicación alguna tras su llegada a La Moncloa.
“No mantenía conversaciones con el presidente”, afirmó, con el propósito de refutar la versión del empresario. El PSOE y el Gobierno han rechazado las acusaciones de Aldama, subrayando que Sánchez no está citado como testigo ni es investigado en esta causa.
Contrataciones y gestiones de carácter personal
También se examinaron las contrataciones de Jésica Rodríguez, ex pareja de Ábalos, y Claudia Montes, vinculadas a empresas públicas relacionadas con Transportes. García admitió haber facilitado currículos y realizado gestiones, pero las describió como ayudas personales y no como decisiones irregulares.
En el caso de Rodríguez, comentó que la conoció a través de Aldama y que colaboró en la búsqueda de una vivienda en Madrid. Asimismo, reconoció haber enviado su currículum para un puesto en Ineco, empresa pública dependiente del Ministerio, aunque descartó haber recibido instrucciones para beneficiarla.
Sobre Montes, el exasesor señaló que su apoyo se relacionaba con una situación personal que esta le manifestó y negó haber actuado con intención de obtener un beneficio indebido. La declaración tuvo momentos tensos, especialmente durante el interrogatorio de la Fiscalía, en el que García manifestó molestias por las interrupciones y el tono empleado.
La Fiscalía reclama penas significativas
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para José Luis Ábalos y 19 años y medio para Koldo García por presuntos delitos como pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Para Aldama, quien reconoció los pagos de comisiones y afronta una petición penal menor debido a la atenuante de confesión, la Fiscalía pide una condena reducida.
El juicio entra en su fase más crítica, con versiones contradictorias de los principales acusados. Aldama sostiene que existía un sistema organizado de pagos y favores; García, en cambio, se presenta como un colaborador sin potestad decisoria que actuó para facilitar soluciones en una situación excepcional.
La declaración de José Luis Ábalos se espera como uno de los momentos fundamentales del proceso. El exministro deberá responder respecto a los contratos de mascarillas, las supuestas entregas en efectivo, las gestiones vinculadas a empresas públicas y su relación con García y Aldama.
El caso permanece bajo atención política y judicial, con acusaciones graves pendientes aún de evaluación probatoria por parte del tribunal. Hasta que haya una sentencia firme, todos los acusados conservan la presunción de inocencia.
