Las declaraciones ante el Tribunal Supremo sobre posible financiación irregular y corrupción estructural reducen el respaldo del electorado moderado. Crece la inquietud entre los sectores críticos del partido, mientras la dirección se mantiene firme en la versión de la «invención».
El comienzo de la campaña electoral en Andalucía se presenta para el PSOE con un contexto políticamente y técnicamente complejo. La coincidencia de las comparecencias de Víctor de Aldama y Koldo García en el Tribunal Supremo, dentro de la investigación relacionada con el exministro José Luis Ábalos, ha alterado la estrategia del equipo de María Jesús Montero. Estas declaraciones, que señalan una presunta corrupción sistemática y irregularidades en la financiación, ponen en riesgo los intentos de control en una región que ha sido tradicionalmente uno de los principales apoyos electorales del partido.
La estrategia de Moncloa, que se centra en desacreditar las afirmaciones de Aldama —quien ha implicado directamente al presidente Pedro Sánchez— presentándolas como «inventadas», no ha tenido el efecto esperado dentro de la estructura andaluza. Fuera del círculo cercano a Montero, se percibe que este proceso judicial funciona como un factor de desgaste difícil de revertir, especialmente en un momento en que las encuestas ya mostraban una situación desfavorable para el PSOE.
Distanciamiento del electorado moderado
El análisis de datos y seguimientos diarios que manejan las formaciones políticas indica que el impacto negativo no se limita al núcleo central de seguidores, sino que también afecta de forma significativa al segmento conocido como electorado intermedio. Este grupo, con un perfil urbano y moderado que fluctúa entre el PSOE y el PP, es particularmente sensible ante la percepción de falta de control y ante la reiteración de los testimonios en la sede judicial.
Para estos votantes, la gravedad jurídica pierde protagonismo frente al cansancio político y a las dudas generadas por las declaraciones de los implicados. En provincias estratégicas de Andalucía, donde el balance de fuerzas es clave para que el PSOE mantenga su posición, la pérdida de este voto podría comprometer seriamente sus expectativas.
Tensiones internas y acciones de los sectores críticos
De forma paralela a la campaña oficial, se ha intensificado el intercambio discreto entre los sectores críticos dentro del partido. Miembros de nivel medio, alcaldes y antiguos colaboradores de la dirección nacional actual comparten una evaluación pesimista sobre las consecuencias del caso para la movilización ciudadana. Estos encuentros, que se mantienen en reserva para evitar represalias por parte de la secretaria de organización en Ferraz, se preparan ya para escenarios posteriores a las elecciones andaluzas.
Ante esta situación, la dirección del PSOE ha optado por cerrar filas y movilizar su base electoral. Para ello, se ha recurrido nuevamente a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuya participación se considera crucial para recuperar a los votantes indecisos. No obstante, el margen de maniobra de la candidatura de María Jesús Montero queda limitado por una campaña que adquiere un carácter nacional, donde el foco mediático en la corrupción dificulta destacar las propuestas regionales.
Por su parte, la oposición ha incorporado el concepto de «corrupción sistémica» como eje principal en su discurso, aprovechando el contexto judicial para afianzar en el electorado moderado la percepción de un gobierno fuera de control. En consecuencia, el desarrollo de la campaña en Andalucía estará condicionado por cómo evolucionen las manifestaciones en el Tribunal Supremo y la capacidad del PSOE para contener la pérdida de apoyos entre los sectores más inestables del electorado.
