MADRID – Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, compareció este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid como persona querellada. Al acceder al edificio judicial en Plaza de Castilla, Rodríguez negó categóricamente haber cometido un delito de revelación de secretos por compartir la identidad y la imagen de dos periodistas de El País en un chat de WhatsApp, señalando que dicha información no provino de fuentes policiales.
La versión de la defensa: identificación visual y denuncias vecinales
La declaración de Rodríguez se centró en desmentir que agentes policiales le facilitaran los datos de los reporteros ubicados cerca del domicilio de la presidenta regional. Según relata, fue un «vecino molesto» quien le envió la foto de los periodistas tras quejarse por las molestias que causaban a su hija menor.
«La Policía nunca me proporcionó información alguna. No necesito a terceros para reconocer a dos personas conocidas por mí», declaró ante los medios. Rodríguez explicó que, al recibir la imagen, identificó a los reporteros basándose en su trayectoria profesional y que no tuvo conocimiento de que agentes de paisano los hubieran identificado formalmente hasta después de los hechos.
Contexto de la querella
Los hechos ocurrieron el 19 de marzo de 2024, en plena cobertura del presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Ayuso. Ese día, Rodríguez remitió un mensaje a un chat con varios periodistas que incluía:
- Los nombres completos de los dos reporteros.
- Una imagen de ambos.
- La acusación de que ejercían un «acoso habitual en regímenes autoritarios» hacia vecinos y menores.
El mismo día, un agente vestido de civil había identificado legalmente a los periodistas durante su labor investigativa. La querella, promovida inicialmente por el PSOE, busca esclarecer si Rodríguez accedió a datos confidenciales de una actuación policial para emplearlos con fines de desprestigio.
«No existe secreto»
Rodríguez restó relevancia jurídica al asunto, poniendo en duda la base de la acusación por revelación de secretos. Cuestionó: «¿Dónde está el secreto?», argumentando que las personas involucradas son figuras públicas que publican sus textos diariamente. Para él, que los socialistas mantengan la denuncia corresponde a una estrategia política para dar la impresión de culpabilidad al acudir al juzgado.
Tras su declaración, la magistrada también tomó declaración a los dos periodistas afectados y a varios testigos para determinar si hubo una filtración de datos oficiales o si, como defiende Rodríguez, se trató de un caso accidental provocado por vecinos.
