El pasado 29 de abril, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, fue protagonista de un incidente en público cuando el agitador de ultraderecha Vito Quiles la grabó mientras compartía un encuentro en una cafetería con amigas. Este suceso ha provocado una polémica mediática y política en España, que ha llevado a tomar decisiones internas en el equipo de seguridad de Presidencia.
De acuerdo con sindicatos policiales, entre ellos JUPOL, tres de los cuatro escoltas que escoltaban a Begoña Gómez ese día fueron relevados de sus responsabilidades. Estas órdenes habrían partido directamente desde Presidencia, generando descontento dentro del cuerpo policial.
Laura García, portavoz de JUPOL, declaró a laSexta que los escoltas actuaron conforme a instrucciones dadas por la propia Begoña Gómez, quien solicitó privacidad para compartir con sus amigas. «La decisión de apartar a los compañeros proviene de Presidencia y ellos simplemente cumplieron con las indicaciones expresas de la señora Gómez para interrumpir la cápsula de seguridad y garantizar su tranquilidad», sostuvo García.
Respuesta de los escoltas
Uno de los cuatro agentes se puso a disposición de sus superiores tras lo ocurrido, mientras que los otros tres fueron sancionados según el sindicato. Esta medida ha sido calificada como incomprensible y desmedida, dado que los agentes actuaron siguiendo los protocolos y órdenes de la persona protegida.
El sindicato enfatiza que estas decisiones internas podrían afectar la moral del personal encargado de la seguridad de altos cargos y abre un debate sobre la independencia de los escoltas frente a mandatos políticos en contextos de riesgo público.
Antecedentes del hecho
El vídeo difundido por Vito Quiles se viralizó con rapidez, generando opiniones sobre la exposición mediática de la familia presidencial. Según denuncias, la grabación vulneró la privacidad de Begoña Gómez, aunque no hubo agresiones físicas. En consecuencia, la Policía Nacional ha tenido que justificar sus protocolos y la labor de los escoltas, mientras los sindicatos respaldan la profesionalidad de los agentes.
Este episodio mantiene la atención pública y suma una nueva controversia en torno a la seguridad y privacidad de figuras públicas en España.
