La Comisión de Interior ha dado luz verde a una reforma histórica de la Ley General Penitenciaria, resultado de un acuerdo entre PSOE, PP y PNV. Esta modificación fortalecerá la seguridad jurídica de los trabajadores y, mediante una enmienda, incluirá también al personal laboral.
MADRID. – La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha validado el reconocimiento legal de los funcionarios penitenciarios como agentes de la autoridad. Esta medida, impulsada por el PSOE y avalada por un pacto político con el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, revisará el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria de 1979. La reforma tendrá alcance nacional y afectará directamente a centros como el penitenciario de Ceuta. Tras el acuerdo, el texto deberá ser aprobado formalmente para iniciar su trámite parlamentario.
Resolución de una demanda sindical histórica
El estatus de agentes de la autoridad ha sido una de las demandas más antiguas planteadas por sindicatos del ámbito penitenciario, con el objetivo de garantizar una mayor protección y seguridad para estos profesionales en su labor diaria. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado favorablemente este avance, calificándolo como un progreso significativo en la seguridad jurídica y las condiciones laborales del colectivo.
Asimismo, el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha expresado su satisfacción por el acuerdo. Destacan el logro de una enmienda promovida por el PP y respaldada por el sindicato, que incorpora explícitamente al personal laboral en este reconocimiento. Según TAMPM, versiones anteriores del texto no incluían a estos trabajadores, por lo que celebran que ahora se proteja a todos los empleados del sistema, independientemente de su área de desempeño.
Consecuencias legales de la reforma
La modificación de la Ley Penitenciaria tendrá un impacto directo sobre la protección legal de los empleados públicos en centros penitenciarios. Entre los cambios más relevantes destaca la atribución de presunción de veracidad para los testimonios de los funcionarios en ciertos procesos administrativos y judiciales.
Además, este nuevo estatus implicará una revisión de las compensaciones económicas, abriendo la puerta a un posible aumento en las indemnizaciones por daños personales o materiales sufridos durante el desempeño laboral.
