MADRID / CARACAS — La Audiencia Nacional de España ha provocado un impacto en el ámbito político internacional al imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntamente liderar una red internacional de tráfico de influencias. Un auto emitido por el juez José Luis Calama expone cómo, tras una década vinculado discretamente a la política venezolana, el político socialista comenzó a desarrollar una compleja red de intereses políticos y económicos en Caracas, vinculada con altos cargos del chavismo.
El documento judicial detalla la transformación de Zapatero, quien inició su papel como observador electoral en diciembre de 2015, hasta convertirse en un verdadero «canciller en la sombra» del Palacio de Miraflores. La investigación indica que el expresidente organizó una red intermediaria que no solo servía para legitimar políticamente al régimen de Nicolás Maduro, sino que también facilitaba negocios privados con beneficios importantes.
La «Boutique Financiera» y el centro del entramado
El análisis judicial concentra la atención en la estructura económica que rodeaba a Zapatero. Se menciona una «boutique financiera» y se señalan personas fundamentales en el esquema:
- Manuel Fajardo: En las grabaciones se le describe como «la pieza de ZP en Venezuela». Fajardo, hijo de un senador socialista de Canarias, fue presentado ante diplomáticos por Zapatero como su «sobrino». Mediante él y con la intervención del expresidente, se constituyó Interbanex, una plataforma privada de cambio autorizada por el Banco Central de Venezuela pese a las estrictas restricciones cambiarias del régimen.
- Camilo Ibrahim Issa: Inversor en la aerolínea Plus Ultra. El auto judicial incluye comunicaciones de Issa dirigidas a Julio Martínez, supuesto testaferro de Zapatero, en las cuales agradece la «asesoría y orientación» brindada por el expresidente. Aunque la diplomacia española lo vetó inicialmente en Caracas, Zapatero fue clave en su rehabilitación.
Dato importante: Informes de la Embajada de España en Caracas y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) habían advertido previamente a La Moncloa que grandes empresarios españoles consideraban que la manera más rápida para recuperar importantes deudas del Estado venezolano o negociar con el régimen —como en los casos de Repsol o Air Europa— era mediante el despacho de Zapatero.
De mediador a operador de «la Dama» y estrategia para Delcy
El expediente judicial describe una relación muy estrecha y con un trasfondo casi dramático, donde los involucrados utilizaban apodos como «mi príncipe» para aludir a Zapatero y «la Dama» en referencia a Delcy Rodríguez.
En el contexto político venezolano actual —con Nicolás Maduro detenido y encarcelado en Nueva York y un gobierno de facto bajo tutela estadounidense—, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, junto a Zapatero, han diseñado un plan estratégico para fortalecer la posición de «la Dama» como presidenta interina. La función del expresidente español es crucial: generar «confianza» institucional, tanto dentro de Venezuela como en la comunidad internacional.
Para consolidar esta estructura, Zapatero ha extendido su influencia hasta el control de designaciones diplomáticas bilaterales. Según la investigación, impuso al supuesto opositor Timoteo Zambrano —aliado suyo desde 2015— como nuevo embajador venezolano en Madrid, después de haber influido en el nombramiento de Álvaro Albacete como embajador de España en Caracas.
El cambio significativo en la diplomacia española
El peso del lobby de Zapatero, junto con las presiones generadas por la trama de corrupción interna en España (caso Ábalos/Koldo/Aldama) y la incorporación de Podemos al Ejecutivo en 2020, provocaron un cambio total en la política exterior de Pedro Sánchez. El presidente español pasó de calificar a Maduro como un «tirano» en 2019 a alinearse progresivamente con las posiciones del Grupo de Puebla, organización impulsada por Zapatero a través de grupos de WhatsApp para coordinar a líderes de la izquierda latinoamericana.
A pesar de la firmeza del auto judicial y de que Zapatero tenía planeado un viaje próximo a Caracas para respaldar el nuevo esquema promovido por Delcy Rodríguez, el actual ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, intervino con energía para limitar el impacto: «La política española hacia Venezuela no sufrirá cambios», aseguró, desvinculando al Gobierno actual de las consecuencias judiciales del periodo anterior.
Mientras la Audiencia Nacional continúa desmantelando esta presunta red de corrupción transatlántica, permanece vigente la defensa que Zapatero ha mantenido sobre la polémica Ley de Amnistía venezolana, una norma que él describe como «un referente mundial» pero que, por el momento, implica la prisión de más de 500 presos políticos, entre ellos al menos cinco ciudadanos españoles.
