El expresidente socialista se mantiene en constantes reuniones con su equipo legal mientras el juez José Luis Calama intensifica la investigación sobre la red societaria que presuntamente gestionó fondos vinculados a la aerolínea rescatada.
MADRID — Miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entregaron personalmente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el auto de imputación dictado por el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. En este documento, se le sitúa en la cúspide de una presunta red dedicada de forma estable al tráfico de influencias.
El empresario madrileño Julio Martínez Martínez es el eje central de este proceso político y judicial. Según la investigación, las decisiones que adopte Martínez en las próximas semanas serán determinantes para el desarrollo del caso contra Zapatero. El juez del Juzgado Central de Instrucción número 4 sostiene que Martínez actuaba prácticamente como testaferro del expresidente, siendo un enlace fundamental en una «estructura estable y jerarquizada».
Se sospecha que la red tenía como objetivo obtener elevados beneficios económicos ilícitos mediante la intermediación ante organismos públicos en favor de terceros. La atención principal se centra en la aerolínea Plus Ultra, que recibió un controvertido rescate estatal multimillonario durante la crisis sanitaria generada por la pandemia.
El entramado societario y las transacciones internacionales
Según el auto firmado por el juez Calama, Julio Martínez cumplía un rol de ejecución directa bajo las instrucciones de Rodríguez Zapatero, gestionando un complejo sistema compuesto por cerca de quince sociedades dedicadas a consultoría, servicios estratégicos y gestión patrimonial, muchas de ellas activadas o reorganizadas tras el rescate aéreo.
La investigación apunta que Martínez habría recibido indicaciones específicas para crear una sociedad instrumental en Dubái, con el objetivo presunto de canalizar comisiones equivalentes al 1% de la ayuda pública destinada a Plus Ultra. Además, la labor policial detectó posibles intentos de ocultación mediante un entramado de sociedades offshore, transferencias sospechosas a cuentas vinculadas a las hijas de Zapatero, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos hipotecarios.
Antecedente en el Senado y perspectivas legales
El contexto judicial tuvo un notable antecedente político en abril pasado, cuando Julio Martínez compareció ante la comisión de investigación del Senado. Durante esa sesión, el empresario trató de distanciar al expresidente, describiéndolo solamente como «un amigo» y una persona para quien había prestado «servicios profesionales legítimos». Sin embargo, la oposición interpretó los silencios durante su intervención como indicios desfavorables.
A pesar de la importancia institucional y política de las imputaciones, fuentes legales consultadas consideran poco probable que el juez Calama imponga medidas cautelares privativas de libertad, como la prisión provisional. Los expertos coinciden en que no existen los requisitos estrictos de riesgo de fuga, reiteración delictiva o destrucción de pruebas, especialmente dado el avanzado avance en el registro y la conservación de la documentación mercantil. En cualquier caso, el éxito de la defensa del expresidente dependerá en gran medida de la estrategia jurídica adoptada por Julio Martínez.
