Madrid, 28 de mayo de 2026 – Pedro Martín Molina, economista y auditor designado como perito judicial independiente en 2021 para analizar las finanzas de Plus Ultra, reafirmó este jueves ante la comisión de investigación del Senado que la aerolínea manipuló sus estados financieros, y consideró que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no debió conceder el rescate público de 53 millones de euros.
Durante su intervención, Martín Molina explicó que la compañía aplicó cambios en criterios contables que no estaban permitidos según el plan de contabilidad vigente, con el objetivo de aparentar una viabilidad económica que, en su opinión, no existía. Según el perito, a fecha de 31 de diciembre de 2019, Plus Ultra carecía de solvencia y liquidez suficientes, incumpliendo los requisitos establecidos por el Consejo de Ministros y la Unión Europea para recibir las ayudas vinculadas a los fondos COVID-19.
Transferencias hacia paraísos fiscales
Un aspecto relevante de la declaración fue la detección de movimientos financieros inusuales hacia el extranjero. Martín Molina detalló que observó salidas de dinero hacia una empresa no identificada como proveedora habitual, localizada en una cuenta offshore en un paraíso fiscal, con destinos como Dominica, Bermudas o Panamá mencionados durante su informe.
El informe técnico también señalaba irregularidades en el préstamo de 7,5 millones de dólares que Plus Ultra recibió de la entidad panameña Panacorp, operación que la aerolínea utilizó para justificar su solvencia frente a la SEPI:
«Cuatro millones fueron transferidos a una cuenta en Dominica. Desde una perspectiva económica, no tiene sentido mantener indisponible una suma que no genera beneficios», afirmó el perito, sugiriendo que la razón del rescate podría no haber sido económica.
Irregularidades en la instrucción judicial y traslado a la Audiencia Nacional
Consultado por el Partido Popular, Martín Molina mencionó presuntas irregularidades durante la fase inicial de la instrucción judicial en 2021, bajo la supervisión de la jueza Esperanza Collazos:
- Indicó que su declaración inicial no fue grabada, lo que le obligó a repetir su declaración con menos preguntas.
- Criticó que un juez sustituto, durante el periodo vacacional de la jueza titular, autorizara la liberación de 34 millones de euros del préstamo público que la Fiscalía mantenía bloqueados preventivamente.
- Manifestó con firmeza que la causa penal en el juzgado madrileño tuvo que ser archivada por falta de solicitud de pruebas necesarias por parte de la jueza de instrucción.
A pesar de ese archivo en enero de 2023, las conclusiones de Martín Molina han adquirido nueva importancia. Su informe ha sido incorporado íntegramente al expediente que instruye el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, donde se investiga si parte de los 53 millones de euros en fondos públicos fueron desviados o utilizados en una presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
