Ocho años después de destituir a Mariano Rajoy con la bandera de la transparencia, el presidente del Gobierno se encuentra en una situación difícil debido a las investigaciones judiciales que involucran a José Luis Ábalos, José Luis Rodríguez Zapatero, Begoña Gómez y su hermano David Sánchez.
Este lunes 1 de junio se conmemoran ocho años desde la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno y cambió definitivamente el panorama político en España. Este movimiento parlamentario no solo apartó al Partido Popular liderado por Mariano Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel, sino que también abrió un período en el que el PSOE centró su legitimidad en la lucha contra la corrupción. Hoy, Sánchez llega a este aniversario atrapado por ese mismo principio ético y político que le impulsó al poder. Mientras en 2018 el PSOE defendía que la corrupción debía tener consecuencias políticas inmediatas, en la actualidad el presidente intenta mitigar el impacto de varias causas judiciales que afectan directamente al entorno socialista, apelando a la unidad de su partido. En paralelo, en el Gobierno se percibe el riesgo tanto de una nueva moción de censura como de una posible convocatoria anticipada de elecciones generales.
La moción de censura contra Mariano Rajoy no se basó en una condena penal ni en una imputación personal, sino en el impacto institucional de la sentencia Gürtel y en la argumentación del PSOE sobre la imposibilidad de mantener un Gobierno bajo la sombra de la corrupción. En junio de 2018, los socialistas elevaron la exigencia política más allá del plano judicial. José Luis Ábalos, por entonces secretario de Organización y actualmente pendiente de sentencia por el caso mascarillas, fue la cara visible de aquel debate en el Congreso, donde sintetizó la situación con la frase que se convirtió en lema: «Ya no hay suposiciones, sino certezas». Ábalos acusó a Rajoy de haber «hundido hasta límites insospechados la dignidad de la sede que ocupa».
Un giro en la estrategia judicial
En ese momento, el PSOE defendía que la responsabilidad política debía asumirse sin esperar al cierre de los procesos judiciales. Ocho años después, Sánchez encarna una postura opuesta, liderando un partido cada vez más afectado por los casos de corrupción que rodean al Gobierno y la falta de explicaciones claras desde la dirección federal. Desde la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, pasando por el ‘caso Leire’ que involucra a la organización socialista, hasta el caso Mascarillas en el que está involucrado Ábalos, todos estos asuntos suponen retos para el PSOE. A pesar de la gravedad, en Moncloa se rechaza que estas causas pongan en duda la legitimidad del Ejecutivo, y se insiste en la presunción de inocencia.
El principal desafío político para Sánchez es que su enfrentamiento ya no es solo contra la oposición, sino también contra su propio precedente histórico. En 2018, la base del argumento socialista era que la corrupción debía acarrear consecuencias políticas automáticas, incluso sin sentencias firmes. Ahora, el PSOE reclama que se distinga claramente entre responsabilidades judiciales e institucionales, evitando adelantar consecuencias políticas.
Un elemento especialmente negativo para el partido es que la moción de 2018 denunció la degradación institucional, mientras que el reciente auto judicial en el caso Leire implica un serio daño reputacional para el PSOE, porque investiga la existencia de una estructura organizada para interferir o desacreditar procesos judiciales relacionados con su entorno. Este caso sigue abierto al igual que Plus Ultra y el de las mascarillas. En este último caso, paradójicamente, quien está en prisión preventiva fue un impulsor clave de aquella moción contra Rajoy. Por lo tanto, el aniversario deja la imagen de un Sánchez que, siendo en su origen un defensor de la ejemplaridad, hoy defiende la idea de que gobernar implica principalmente resistir.
Ocho años entre la moción y la estrategia de la «resistencia»
Los primeros años de Sánchez en La Moncloa estuvieron marcados por el discurso heredado de la moción contra Rajoy: la obligación de ejemplaridad política e institucional para gobernar. En ese periodo, el Gobierno promovió medidas de transparencia pública, limitó aforamientos, defendió códigos éticos más estrictos y trató de monopolizar el discurso sobre integridad institucional. Con el paso de los años y la evolución legislativa, el foco se desplazó inevitablemente.
En ambas legislaturas, la mayor fuente de desgaste para el Ejecutivo ha sido la dependencia parlamentaria de los partidos independentistas y nacionalistas. Desde la moción que contó con el apoyo de ERC y PDeCAT hasta hoy, Sánchez ha tenido que ceder en negociaciones para lograr apoyos. Esta presión se intensificó tras las elecciones de 2019 y especialmente en la legislatura iniciada en 2023.
Los indultos a los condenados por el procés, la reforma de los delitos de sedición y malversación, y la tramitación de la ley de amnistía, han supuesto un importante desgaste para Sánchez. El PSOE asumió este coste bajo la idea de que estas medidas constituían un plan para normalizar la situación institucional y fomentar la convivencia en Cataluña, esperando que el tiempo las legitime ante la sociedad.
En ese periodo, Moncloa logró convertir el debate territorial en el principal punto de confrontación con la oposición, logrando proteger el discurso de ejemplaridad con el que Sánchez llegó al poder. Sin embargo, esta dinámica cambió con la aparición del caso Koldo, un escándalo que afecta a José Luis Ábalos. Su caída política creó una fractura en la defensa del Gobierno, que ahora sostiene la necesidad de separar responsabilidades políticas y judiciales y evitar conclusiones prematuras en causas penales.
Cercado por frentes judiciales
La presión sobre el Ejecutivo ha aumentado últimamente con nuevos casos que dañan no solo a personas, sino que afectan la imagen del partido. La imputación de Zapatero en Plus Ultra añade una dimensión distinta, pues se trata de un referente histórico del PSOE que Sánchez ha apoyado públicamente.
Además, la posible implicación del PSOE en el caso Leire genera alta preocupación interna por el daño a la reputación y por su impacto en la capacidad para sostener apoyos parlamentarios. La respuesta del Gobierno es contraria a la de 2018: ahora se apoya en la presunción de inocencia, el respeto a los tiempos judiciales y la estabilidad institucional.
Estos frentes se suman a otros que afectan directamente al entorno personal del presidente. En Madrid avanza la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, citada para declarar el 9 de junio. En Extremadura, el hermano de Sánchez, David Sánchez, está siendo investigado por supuestas irregularidades laborales. Su juicio comenzó el pasado jueves y se prevé finalizar el 4 de junio, manteniendo la presión judicial en la familia del presidente en este aniversario.
