El juez de la Audiencia Nacional acepta un recurso presentado por Pablo Iglesias y convoca para el 25 de junio al comisario José Manuel García Catalán y a otra agente policial.
MADRID. – Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, ha decidido imputar a José Manuel García Catalán, comisario retirado y antiguo jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), junto con otra funcionaria de Policía, dentro de la investigación sobre presuntas operaciones e indagaciones ilegales realizadas contra dirigentes de Podemos entre 2015 y 2016, durante el mandato del Partido Popular.
Según un auto judicial adelantado por eldiario.es y firmado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, se ha admitido el recurso presentado por Pablo Iglesias, exlíder de Podemos y afectado en la causa. Esta resolución revoca la negativa inicial del juez y cita a ambos funcionarios para que declaren el jueves 25 de junio a las 10:15 horas.
Investigación de una posible «guerra sucia» sin respaldo judicial
La investigación liderada por el juez Pedraz trata de determinar si durante la gestión de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, la dirección policial promovió indagaciones de carácter preventivo, irregulares y sin autorización judicial, dirigidas a afectar judicial y políticamente a los diputados y fundadores del partido morado.
La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por Podemos que incluye supuestos delitos como organización criminal, apropiación y divulgación indebida de secretos, prevaricación administrativa y falsificación documental.
El viaje a Nueva York, eje central de las sospechas
La figura de García Catalán, quien previamente dirigió la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción antes de su etapa al frente de la UDEF, destaca por su presunta vinculación directa en los intentos de incriminar a Podemos. Según las evidencias recabadas, el excomisario realizó un viaje a Nueva York en abril de 2016 con el posible propósito de obtener declaraciones incriminatorias de un exministro del gobierno venezolano de Hugo Chávez, con la intención de preparar cargos por fraude fiscal y financiamiento irregular contra los fundadores de la formación política.
A pesar de que el juez inicialmente desestimó ampliar la imputación a este funcionario policial, el recurso presentado por Pablo Iglesias, apoyado posteriormente por la Fiscalía, ha conducido a que el instructor rectifique y disponga su citación como investigado para aclarar las circunstancias.
Este pronunciamiento coincide en el tiempo con el desarrollo en la Audiencia Nacional de las vistas del «caso Kitchen», otra investigación relacionada con el presunto uso de organismos parapoliciales con fines políticos durante dicho periodo de Gobierno.
