MÉRIDA. — Este lunes, el tribunal de la Audiencia de Badajoz examinará las cuestiones previas en el juicio relacionado con el proceso de contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Los jueces José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano evaluarán si admiten o desestiman las solicitudes de las defensas, que piden la anulación de la investigación y la prescripción de algunos hechos delictivos.
En el juicio están acusados David Sánchez, el ex presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y otras nueve personas vinculadas a esta institución provincial. Todos enfrentan cargos por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Para Sánchez y Gallardo, la Fiscalía y las acusaciones piden una condena de tres años de prisión.
El conflicto entre «investigación prospectiva» y «cristalización progresiva»
Las defensas basan sus solicitudes de nulidad argumentando que el proceso penal se ha convertido en una «investigación prospectiva», es decir, una investigación que busca delitos sin indicios claros previos. Señalan que la denuncia inicial presentada por el sindicato Manos Limpias en junio de 2024 —que comenzó revisando el patrimonio de David Sánchez y un supuesto absentismo laboral— se fundamentaba solamente en «recortes de prensa».
En contraste, tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones rechazan esta tesis y defienden la legitimidad de la investigación bajo el concepto jurídico de «cristalización progresiva», indicando que los indicios sólidos surgieron de forma legítima conforme avanzó la investigación judicial.
Las defensas denuncian varias vulneraciones de derechos fundamentales, entre ellas:
- Derecho a la intimidad: Critican el análisis masivo de miles de mensajes de correos electrónicos durante la instrucción del caso.
- Tutela judicial efectiva: Aseguran que se indagaron hechos que no forman parte del objeto de este juicio.
- Falta de interrogatorio: La defensa de Miguel Ángel Gallardo indica que su cliente «nunca fue interrogado» sobre la contratación de Luis Carrero (amistad de David Sánchez e investigado también en la causa) durante la fase de instrucción.
Además, los abogados defensores sostienen que el supuesto «absentismo laboral» de David Sánchez no constituye un delito penal y que el presunto delito relacionado con la aceptación de un nombramiento ilegal ya habría prescrito.
Las acusaciones mantienen que la plaza «se creó para él»
Por otro lado, las acusaciones populares optaron por no presentar cuestiones previas al inicio del juicio. Afirman que David Sánchez tenía pleno conocimiento de que el cargo de coordinador de actividades transfronterizas «se diseñó para él» y aseguran que las entrevistas realizadas a los otros candidatos que participaron en la convocatoria pública fueron «un trámite simbólico».
Según el calendario de sesiones, las declaraciones más relevantes quedarán para el final: David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo testificarán en último lugar, después de que lo hagan los otros nueve acusados y los 42 testigos previstos en el proceso.
