MADRID.– El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge Mesas, ha enviado una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Venezuela para recabar información sobre 14 miembros de ETA que vivían en ese país en abril de 2025. Entre los investigados figura el reconocido integrante de la banda, José Ignacio de Juana Chaos.
Esta resolución, adelantada por el diario El País, responde a la petición realizada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia. En el documento, el magistrado señala que el reciente cambio político ocurrido en Venezuela abre la posibilidad de contar con una colaboración internacional efectiva para esclarecer estos hechos.
Análisis del «Colectivo de Refugiados»
La justicia española pretende determinar el grado de vínculo, la pertenencia, las funciones de enlace y el nivel de responsabilidad de estas 14 personas dentro del llamado «Colectivo de Refugiados» de ETA. Además de De Juana Chaos, la solicitud incluye a Eugenio Barrutiabengoa, José Luis Eciolaza, Ángel María Lizarbe, Luis María Olalde, José Ángel Úriz, Arturo Cubillas, Javier Urruti, Asunción Arana, Juan José Aristizábal, María Artola, Manuel Asier Guridi, Jesús María Huerta e Ignacio Echevarría.
El magistrado fundamenta esta investigación a partir de los informes del Ministerio Fiscal y la querella inicial. Según estos documentos, el colectivo no actuaba de forma independiente, sino que mantenía una estricta «dependencia orgánica» con la cúpula de ETA. La dirección de la organización terrorista supervisaba permanentemente a sus miembros, les proporcionaba apoyo económico y legal, y ejercía control directo sobre sus actividades en el extranjero.
Vínculo con Estados Unidos
Simultáneamente, el juez De Jorge ha enviado otra comisión rogatoria a las autoridades judiciales estadounidenses. El objetivo es obtener documentos y declaraciones del proceso penal que se sigue allí contra Hugo Armando Carvajal, exdirector de Inteligencia Militar venezolano, conocido como ‘El Pollo’, quien actualmente está detenido en Estados Unidos.
La Audiencia Nacional considera que la declaración de Carvajal, junto con el nuevo contexto político en Caracas, podría ser clave para entender la estructura de apoyo y la situación real de los miembros de ETA que han permanecido fugados de la justicia española durante años en territorio venezolano.
