La agente optó por no declarar ante sus superiores en Jefatura y su testimonio será registrado formalmente en sede judicial. El caso involucra una llamada intimidatoria realizada desde las instalaciones policiales a un joven, destinada a amedrentarlo.
CEUTA. Una funcionaria de la Policía Nacional se enfrenta a una investigación judicial por un posible delito de coacciones. El procedimiento se inició tras la denuncia de un joven que afirma haber recibido una llamada con presiones por parte de la agente, en relación con una condena previa de violencia de género y familiar contra el padre del denunciante, emitida a mediados de mayo.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ceuta condenó al progenitor por amenazas hacia su expareja y coacciones hacia su hijo. En dicha sentencia se reflejó la gravedad del asunto, mencionando que el condenado supuestamente había utilizado a «miembros del Cuerpo Nacional de Policía» para intimidar al joven.
La investigación de la UFAM: «O vienes o va una patrulla a detenerte»
La pesquisa penal ha sido realizada por el Grupo de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Judicial, tras la denuncia presentada por la víctima.
Según el informe policial, el conflicto surgió en el contexto de una disputa familiar vinculada a la posible venta de una vivienda. El denunciante explicó que, cuando se encontraba fuera de su casa, recibió una llamada desde un número fijo que la Jefatura Superior de Policía confirmó como procedente de sus oficinas, concretamente de la línea de ordenanza y apoyo.
En la llamada, una mujer que se identificó como policía nacional le pidió con un tono «firme, autoritario y amenazante» que acudiera a la comisaría antes de las 13:00 horas, indicándole que su padre le había denunciado. De no hacerlo, le advirtió que enviarían una patrulla uniformada a su domicilio para efectuar su detención. El joven, al regresar a su hogar y afectado por ansiedad, comprobó que esta acción respondía a una estrategia de su padre para intimidarlo.
Aunque la Jefatura Superior ha confirmado oficialmente la realización de la llamada desde sus dependencias hacia el teléfono del joven, ni el audio ni la transcripción de la conversación están registrados en el sistema informático.
La agente se remite a la sede judicial
Hasta ahora, la funcionaria acudió voluntariamente a la Jefatura en calidad de investigada no detenida. Sin embargo, ejerció su derecho constitucional a no prestar declaración ante sus compañeros, por lo que su versión se conocerá únicamente cuando comparezca ante el juez instructor en los próximos días.
Este proceso tiene como objetivo determinar si hubo algún comportamiento delictivo o un uso indebido de autoridad por parte de la agente en lo que la sentencia anterior describió como un plan coordinado para «afectar la integridad moral y la voluntad» del joven.
