La Sala de lo Penal acepta el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción y anula el cierre provisional de la investigación por blanqueo de capitales contra Alejandro Betancourt.
Un cambio significativo en el ámbito judicial respecto al control de grandes patrimonios latinoamericanos en España. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha emitido una orden que obliga al juez Santiago Pedraz, responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5, a reactivar de forma inmediata el procedimiento penal contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt López, reconocido en el sector empresarial español como principal inversor y propietario de la marca de gafas Hawkers.
Este auto responde a la apelación presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que se opuso firmemente al archivo provisional dictado en marzo de 2026. El Ministerio Público señaló que la decisión de cerrar el caso era apresurada y que aún quedaban investigaciones esenciales por realizar.
Contexto del archivo anulado
El juez Pedraz había resuelto archivar la investigación por presunto blanqueo argumentando principalmente que las autoridades judiciales venezolanas ya habían llevado a cabo indagaciones sobre el origen de los fondos de Betancourt, concluyendo en Caracas que no existía delito alguno.
No obstante, tanto la Fiscalía Anticorrupción como los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuestionaron la exhaustividad e independencia de las decisiones adoptadas en Venezuela, señalando que dichas resoluciones no debían condicionar automáticamente el procedimiento penal en España.
Alejandro Betancourt, junto a socios y familiares como su primo Pedro Trebbau y Francisco Convit, pertenece al grupo de jóvenes empresarios conocido en la prensa internacional como los ‘bolichicos’. Este colectivo acumuló un considerable patrimonio durante la era chavista, principalmente a través de la concesión directa de contratos millonarios en el sector energético e infraestructuras eléctricas en Venezuela bajo los gobiernos de Hugo Chávez.
Vínculos con EE. UU. y sobornos millonarios
El objetivo de la causa que se reactiva es investigar si parte de los fondos, presuntamente obtenidos mediante sobrecostes y comisiones ilegales en Venezuela, fueron introducidos en la economía española a través de inversiones inmobiliarias, capital riesgo o la financiación de empresas emergentes como Hawkers.
Esta decisión coincide con una fase avanzada de diligencias internacionales. A principios de este año, el juzgado de Pedraz solicitó cooperación oficial a las autoridades de Estados Unidos para entrevistar a antiguos altos cargos del Ministerio de Energía venezolano.
Estos exfuncionarios están bajo custodia federal en EE. UU., y sus declaraciones son consideradas fundamentales para probar una red de sobornos por más de 42 millones de euros relacionados con adjudicaciones a Betancourt. Los movimientos financieros vinculados apuntan a cuentas internacionales opacas y fondos invertidos en España.
Una investigación judicial compleja
La reapertura del caso aumenta la presión sobre las investigaciones internacionales sobre el blanqueo de capitales procedentes de Venezuela que se llevan a cabo en los tribunales de Madrid. Estas pesquisas tienen conexiones indirectas con otros casos relevantes en la Audiencia Nacional, como el ‘Caso Plus Ultra’, que investiga redes de influencia y desviaciones financieras vinculadas al rescate estatal de la aerolínea.
Con esta resolución, la Audiencia Nacional corrige la decisión del juez Pedraz y establece como principio que las autoridades judiciales españolas deben agotar de forma autónoma las pesquisas sobre los fondos en cuestión, rechazando que las decisiones judiciales venezolanas funcionen como una inmunidad automática en territorio europeo.
