La presidenta madrileña sostiene su posicionamiento sobre la inmigración calificando de «fraude» la regularización masiva, mientras la oposición le reprueba por su «crueldad» tras revertir el copago a pacientes con ELA.
MADRID – Este jueves, la Asamblea de Madrid fue escenario de un pleno marcado por una elevada tensión tanto en lo dialéctico como en lo simbólico, con la próxima visita del Papa León XIV a la ciudad y la reciente audiencia privada que mantuvo la presidenta regional en Roma. La sesión de control se desarrolló entre acusaciones políticas y morales. Isabel Díaz Ayuso enfrentó duras críticas por el controvertido intento de reducir las ayudas a los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), al tiempo que endureció su discurso frente al Gobierno central respecto a la gestión de la crisis migratoria.
El retroceso en el copago para pacientes con ELA
La sesión estuvo marcada por la reciente decisión del Ejecutivo autonómico de dar marcha atrás tras las protestas de las familias afectadas. La Comunidad de Madrid renunció a aplicar un copago que, basándose en un resquicio de la ley de dependencia, habría supuesto una reducción del 40% en la subvención máxima destinada a pacientes con ELA.
La oposición aprovechó para reprochar esta estrategia. Mar Espinar, portavoz del PSOE, valoró positivamente la suspensión de la medida aunque señaló irónicamente que no se trataba de un gesto espontáneo, sino de una corrección motivada por asesoramiento, afirmando que «la crueldad tiene un nombre, y es el suyo». Por su parte, Ayuso negó con brevedad estas críticas, calificándolas de infundadas, mientras que Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, destacó la decisión como una clara retractación del Gobierno regional.
Controversia sobre inmigración: «Fraude electoral» e «importar pobreza»
El debate adoptó un tono religioso cuando Vox y la izquierda cuestionaron la coherencia de la presidenta con la doctrina social católica. Isabel Pérez Moñino, de Vox, criticó a Ayuso por considerar una «bendición» la llegada de trabajadores extranjeros, argumentando que Madrid se está convirtiendo en una especie de «aspiradora humana infinita».
Ayuso respondió señalando la necesidad de mano de obra extranjera en sectores como la construcción, pero inmediatamente criticó el plan del Gobierno de Pedro Sánchez para regularizar a unas 700.000 personas. La presidenta regional afirmó que esta iniciativa tiene como objetivo saturar los servicios públicos y alterar el censo electoral para obtener votos, calificando la medida como una «estafa electoral» y un intento deliberado de «importar pobreza a gran escala».
En respuesta, Bergerot (Más Madrid) planteó varias preguntas sobre la postura popular y cuestionó si es coherente con la fe cristiana negar la regularización de migrantes o limitar su acceso a la sanidad pública, además de suscitar el debate sobre la posición frente a los crímenes de guerra de Israel. Concluyó que el discurso actual de la derecha se ha radicalizado hasta el punto de distanciar a la Iglesia católica más hacia la izquierda.
Respuesta centrada en los escándalos del Ejecutivo central
Ayuso reaccionó con ironía ante las críticas de la izquierda, considerando que pretenden erigirse como guardianes de la moral religiosa, y los calificó de «capillitas» que actúan con excesivo celo.
Para defenderse, la presidenta autonómica volvió a su habitual estrategia de señalar los escándalos judiciales vinculados al entorno del Gobierno central. Rechazó responder a lo que denominó como «provocaciones banales» del PSOE y acusó al partido socialista de mantener el Ejecutivo apoyándose en prácticas ilícitas. Ayuso afirmó de forma contundente que el PSOE había creado una trama corrupta para respaldar a Pedro Sánchez a costa de la democracia, y recalcó que la portavoz del PSOE en la Asamblea representa dicha corrupción, haciendo referencia a las causas judiciales que afectan a familiares directos del presidente del Gobierno.
