El presidente del Gobierno anuncia una respuesta firme ante las acusaciones, mientras Alberto Núñez Feijóo le señala como impulsor y patrocinador de una red para bloquear las investigaciones por corrupción.
MADRID.– En uno de los momentos parlamentarios más delicados de la legislatura —sin aprobación de los Presupuestos Generales y enfrentándose a múltiples investigaciones judiciales que afectan al PSOE y a sus allegados—, el presidente Pedro Sánchez ha adoptado una postura defensiva combinada con una contraofensiva política. Durante la sesión de control en el Congreso, evitó responder directamente sobre las supuestas tramas corruptas que involucran a su partido y se presentó como víctima de una gran conspiración.
De acuerdo con el mandatario, las recientes investigaciones y filtraciones judiciales son producto de la presión ejercida por las «élites en España», «gobiernos internacionales muy influyentes» y «magnates tecnológicos que difunden información falsa» en redes sociales. Según Sánchez, su programa legislativo —que contempla reformas en el ámbito laboral, una Ley de Amnistía y la subida del salario mínimo— resulta molesto para estos poderes, que, alertó, están representados en partidos como el Partido Popular y Vox.
Pedro Sánchez: «El Gobierno se conforma con el respaldo popular, no con atajos que la oposición intenta tomar con apoyos externos (…). Actuaremos con firmeza frente a los ataques, calumnias y falsedades dirigidas contra el Partido Socialista y el Ejecutivo».
El caso de los teléfonos móviles incautados
La mención de Sánchez a «gobiernos muy poderosos» fue interpretada en la oposición como una indirecta hacia Estados Unidos. Washington facilitó a la Policía Nacional el análisis del teléfono móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes, antiguo propietario de Plus Ultra. Según fuentes judiciales, los datos extraídos podrían contener información relevante para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Además, se añade el caso de Leire Díez, empleada del partido señalada por supuestamente participar en múltiples operaciones irregulares en empresas públicas bajo la supuesta protección de María Jesús Montero. La aparición de las iniciales «P.S.» en sus cuadernos encendió las alarmas. Aunque desde La Moncloa reconocen que se refieren a Pedro Sánchez, niegan cualquier vinculación o encuentro entre el presidente y Díez.
Feijóo pide elecciones: «¿Cuánto más prolongará esta situación?»
La oposición respondió de inmediato, elevando la tensión en el Parlamento. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez directamente de ser el «promotor, financiador y beneficiario» de una «estructura clandestina» dentro del partido diseñada para obstaculizar las investigaciones judiciales y policiales.
Feijóo cuestionó la supuesta eficacia del Gobierno en la lucha anticorrupción, recordando que el PSOE tardó en tomar medidas respecto a importantes figuras como José Luis Ábalos o Santos Cerdán, y que aún no presenta querellas contra Leire Díez a pesar de las declaraciones del portavoz, Patxi López. Para el PP, esta inacción responde al temor de que Díez revele información comprometedora.
«O bien Sánchez estaba al tanto y debería dimitir por corrupción, o bien ignoraba los hechos y debería hacerlo por falta de capacidad», afirmó Feijóo, exigiendo al presidente que convoque elecciones anticipadas: «¿Hasta cuándo permitirá que esta situación se alargue antes de consultar a los españoles?».
Por ahora, el Ejecutivo basa su continuidad en los positivos indicadores macroeconómicos presentados por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, con la intención de desviar la atención de los tribunales que amenazan con afectar la estabilidad de la legislatura.




