El magistrado ha citado de manera presencial a los tres imputados para concluir la etapa de instrucción antes de remitir el caso a la Audiencia de Madrid para un juicio con jurado.
MADRID.– Juan Carlos Peinado, juez encargado del caso, ha fijado para este lunes la audiencia previa con el objetivo de ultimar los detalles del juicio en que serán procesados Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno; su asesora Cristina Álvarez; y el empresario Juan Carlos Barrabés. Los tres deben asistir en persona a la convocatoria, prevista para las seis de la tarde, bajo la advertencia expresa de que serán llevados por la fuerza pública en caso de no presentarse.
Esta audiencia representará el cierre definitivo de la investigación preliminar. Terminada esta fase, el juez remitirá la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para la apertura de un juicio con jurado popular por presuntos delitos relacionados con corrupción en negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.
Medidas estrictas de control y posible riesgo de fuga
El juez ha justificado la obligación de asistencia presencial debido a la gravedad de las penas solicitadas, lo que según él, podría motivar acciones tendentes a evadir la acción judicial. En este contexto, fuentes jurídicas indican que el protocolo será similar al de audiencias anteriores, garantizando que Begoña Gómez acceda al juzgado mediante el garaje como medida de protección.
A la sesión han sido citados los tres investigados con sus respectivos abogados, además de la Fiscalía, las acusaciones populares y los representantes legales de la Universidad Complutense de Madrid, personada como acusación particular por ser parte afectada por las actividades objeto de investigación.
Solicitudes de retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio
Durante la audiencia, el juez permitirá que defensas y acusaciones expongan sus posturas definitivas. Además, las acusaciones populares podrán solicitar nuevas medidas cautelares.
En sus escritos de abril, la plataforma Hazte Oír, coordinadora de las acusaciones populares, solicitó medidas cautelares estrictas para Gómez, Álvarez y Barrabés, incluyendo la prohibición de salir del país, la retirada inmediata del pasaporte y la obligación de presentarse quincenalmente a firmar ante la sede judicial, alegando un riesgo fundado y evidente de fuga.
La investigación dirigida por el juez Peinado comenzó en abril de 2024 y se centra en presuntas irregularidades vinculadas a la cátedra extraordinaria que codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense, el desarrollo del software asociado a dicha formación y las funciones que desempeñaba su asesora en el ámbito profesional y personal de la investigada.
