MADRID.– En una semana especialmente compleja en el ámbito judicial para el partido, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE se reunió con la intención de limitar el ruido externo y evitar discusiones internas. En la sesión, no se hizo mención directa a la situación judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ni a las recientes informaciones sobre el denominado ‘caso Leire’, la supuesta trama relacionada con Leire Díez y el secretario de Organización, Santos Cerdán.
La dirección del PSOE adoptó una postura de contención estratégica, estableciendo una normativa interna que obliga a todos los integrantes de la dirección federal y de las estructuras territoriales a declarar y notificar con precisión cualquier aumento en su patrimonio.
Silencio interno frente a la complicada situación judicial
Aunque en el ámbito privado algunos sectores del partido muestran preocupación, con ciertos dirigentes que han expresado críticas por los recientes sucesos y señalan que el expresidente «nos está arrastrando con él», durante la reunión oficial no se produjeron intervenciones que exigieran explicación ni se abrió un debate político sustancial.
Con esta actitud, la cúpula socialista busca ganar tiempo y proteger al Gobierno de Pedro Sánchez frente a la presión de la oposición, que califica este contexto como un «calvario judicial». En días recientes, la situación penal se ha complicado tras la imputación de Zapatero por presunto contrabando y delito fiscal, tras el descubrimiento en su despacho de joyas valoradas en 1,3 millones de euros, siendo estos cargos adicionales a la investigación previa por supuestas influencias indebidas en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El expresidente ha solicitado formalmente posponer su declaración ante la Audiencia Nacional.
Gestión de la situación relacionada con el ‘caso Leire’
Simultáneamente, Ferraz sigue una estrategia para limitar las responsabilidades del ‘caso Leire’ —que involucra una presunta operación para desacreditar a jueces e instituciones del Estado— a Santos Cerdán (quien, según informes de la UCO, habría aprobado gastos de viaje para Díez) y a la propia Leire Díez, calificada recientemente por la secretaria de Organización, Rebeca Torró, como «oportunista y resentida». Desde el partido insisten en desvincular institucionalmente estas conductas y aseguran que no mantienen relación contractual directa con Díez.
Incremento en las exigencias de supervisión patrimonial
Con el fin de minimizar el impacto de estas pesquisas, el PSOE pretende reforzar la regeneración interna mediante la implementación de este nuevo control patrimonial para sus dirigentes. Aunque ya existían mecanismos de supervisión de bienes, esta medida busca intensificar la vigilancia sobre la evolución financiera de los cuadros directivos, tanto a nivel nacional como autonómico, enviando un mensaje de transparencia en un momento en que Ferraz está bajo especial escrutinio mediático.
