La regularización de migrantes avanza hacia su etapa conclusiva con más de 549.000 solicitudes registradas. La dificultad de obtener certificados de antecedentes penales en el extranjero y la limitada disponibilidad de citas en las comisarías complican que los solicitantes accedan al mercado laboral.
MADRID.– El proceso extraordinario para la regularización de personas migrantes en España está ingresando en su fase final. Quedan apenas 15 días para que el plazo, que vence el próximo 30 de junio, concluya, generando largas filas en lugares clave como el recinto ferial La Farga en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y una creciente inquietud entre miles de solicitantes que temen no poder completar el trámite debido a demoras administrativas.
Aunque organizaciones sociales y ONG valoran esta medida como un avance significativo en materia migratoria, la situación cotidiana presenta incertidumbres. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha pedido tranquilidad y ha recomendado a los interesados presentar su solicitud antes del plazo, incluso si no cuentan con toda la documentación, permitiendo corregir posibles errores posteriormente.
Obstáculos con los antecedentes penales
Un problema relevante en este cierre afecta a personas originarias de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry y Gambia. Para ellas, obtener el certificado de antecedentes penales en sus países de origen —un requisito indispensable para la solicitud— resulta una misión prácticamente inalcanzable.
Frente a esta dificultad, las instrucciones oficiales señalan que se debe presentar la solicitud igualmente. En estos casos, se espera que el Gobierno español gestione la obtención del documento a través de las vías diplomáticas correspondientes.
Datos sin actualización y demoras en la entrega de permisos
El Gobierno ha dejado de publicar cifras recientes sobre el avance del proceso. El reporte más reciente, fechado el 21 de mayo, indicaba:
| Estado de la tramitación | Número de expedientes |
| Solicitudes registradas | 549.596 |
| Expedientes admitidos | 91.505 |
Mientras algunos despachos especializados, como Parainmigrantes.info, consideran los tiempos de respuesta dentro de plazos aceptables y destacan las primeras resoluciones, colectivos como Regularización Ya denuncian una aplicación inconsistente. Esta plataforma alerta que la promesa de resolver admisiones en un máximo de 15 días se está extendiendo a más de dos meses en numerosos casos.
La espera prolongada de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE)
La admisión del expediente otorga un permiso provisional de residencia y trabajo, pero la burocracia impide la ejecución práctica de estos derechos. Los solicitantes sufren retardos importantes para obtener el número de la Seguridad Social y enfrentan un bloqueo total para conseguir cita en la comisaría y realizar la toma de huellas necessária para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).
“Cada expediente paralizado representa una vida en espera”, señala Bea Cantero, presidenta de la Asociación Mujeres Pa’lante, subrayando que la incertidumbre persistirá más allá del 30 de junio debido a las dudas existentes sobre el proceso de renovación de estos permisos en el año venidero.
Demandas políticas para extender el plazo
Ante esta saturación, la plataforma Regularización Ya ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso, con el respaldo de Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG. Esta iniciativa solicita al Gobierno cuatro acciones urgentes:
- Extensión del plazo: Ampliar la fecha límite para la presentación de solicitudes más allá del 30 de junio (una alternativa que el Ministerio aún descarta).
- Automatización: Asignar automáticamente una cita para la toma de huellas al ser aprobada la solicitud.
- Facilitaciones: Simplificar la legalización de los documentos extranjeros.
- Suspensión de expulsiones: Detener temporalmente las deportaciones de quienes están en proceso de regularización.
Con respecto a esta última medida, apoyada también por el Defensor del Pueblo, fuentes del Ministerio del Interior indicaron a EFE que las fuerzas de seguridad ya aplican este principio de protección, siempre que los solicitantes no tengan antecedentes penales ni representen riesgos para la seguridad o la salud pública.
