El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha definido como «graves» las repetidas filtraciones a los medios y ha limitado el acceso a las grabaciones de testigos para salvaguardar la investigación.
MADRID (EFE). — José Luis Calama, magistrado de la Audiencia Nacional, ha tomado la iniciativa para detener la difusión de datos confidenciales en el proceso del ‘caso Plus Ultra’, en el que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Al no contar con competencias para dirigir directamente esta investigación, ha solicitado formalmente a los juzgados de Madrid que inicien una indagación penal que permita identificar a los responsables de las filtraciones.
En una resolución emitida el jueves, el juez enfatiza la «seriedad de los hechos» y señala que la divulgación de estos datos podría constituir delitos por revelación de informaciones reservadas.
Un flujo continuo de información reservada
El magistrado destaca que desde que se notificó la causa a las partes implicadas, se han producido filtraciones «continuas e inmediatas» hacia los medios de comunicación.
Dicha situación se intensificó notablemente el día anterior con la publicación masiva de un informe policial relacionado con Zapatero. El juez subraya que este informe contenía datos totalmente «inapropiados para una divulgación indiscriminada».
Tres medidas severas para proteger el proceso
Considerando que las medidas vigentes han resultado «insuficientes» para mantener la confidencialidad del caso, Calama ha implementado tres acciones urgentes para garantizar el secreto externo, resguardar la investigación y defender los derechos de los investigados:
- Creación de una sección para «información sensible»: Se establecerá una sección exclusiva para custodiar las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos e investigados, cuyo acceso quedará limitado exclusivamente al juzgado y al Ministerio Fiscal.
- Limitación de copias para las partes: Las defensas y la acusación popular —organizada bajo la dirección del PP— no recibirán copias en vídeo de los interrogatorios; en su lugar, dispondrán de la transcripción automática generada por el programa de grabación. Si algún abogado precisa revisar un fragmento audiovisual, deberá hacerlo presencialmente en la Secretaría del juzgado, al menos hasta la eventual apertura del juicio oral.
- Centralización del acceso a documentos: Solo la plataforma agrupada y liderada por el Partido Popular tendrá autorización para acceder a los documentos relativos a las acusaciones populares.
«Estas medidas tienen el propósito de garantizar la eficacia de la investigación, evitar interferencias indebidas y asegurar la integridad de las diligencias practicadas», concluye la resolución del juez.
