La persona afectada asegura haber entregado cerca de 80.000 euros mediante efectivo, Bizum y transferencias por una vivienda que nunca llegó a recibir. Los cuatro imputados mantienen que el comprador no cumplió con los contratos de arras.
CEUTA — La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ha dado por concluido el juicio contra cuatro individuos señalados por un presunto delito continuado de estafa. El proceso está relacionado con la fallida compraventa de un inmueble en la avenida Juan Carlos I, en la que, según el Ministerio Fiscal, los acusados actuaron coordinadamente para obtener un beneficio económico a costa de la víctima.
Mientras el denunciante sostiene que fue víctima de un engaño debido a su falta de conocimientos legales, las defensas plantean que se trató simplemente de un incumplimiento contractual por parte del comprador y piden su absolución.
Relato de la víctima: “Pagué casi 80.000 euros y nunca recibí la vivienda”
El denunciante, de nacionalidad extranjera y que había trabajado anteriormente para dos de los acusados como churrero y albañil, contó que recurrió a ellos de buena fe para adquirir una vivienda. Tras una reunión en una cafetería situada en la avenida Juan Carlos I, se acordó un precio inicial de 52.500 euros.
Durante el proceso, el afectado afirmó haber pagado aproximadamente 78.000 euros mediante transferencias, Bizum y entregas en efectivo. Explicó que entregó una cantidad mayor al precio acordado debido al temor de perderlo todo, ya que uno de los acusados le advirtió que el dinero entregado previamente no sería recuperable si no aportaba más fondos.
Prueba fundamental: Ante la ausencia de recibos o justificantes que los acusados se negaban a proporcionar, el denunciante presentó un vídeo que se mostró al inicio de la vista. En él se ve a uno de los imputados recibiendo un sobre que, según la acusación, contenía 15.000 euros en efectivo.
Asimismo, la víctima denunció que, al solicitar explicaciones, recibió dilaciones y aseguró haber sido amenazada con la retirada de sus permisos de residencia en España por parte de los acusados cuando manifestó su intención de acudir a la justicia.
Las dudas del asesor: un contrato impracticable desde el inicio
Durante la audiencia, declaró un testigo que trabaja en una asesoría consultada por la víctima. Este profesional calificó la operación como «sospechosa» desde el primer momento:
- Plazos inviables: El contrato establecía apenas un mes para formalizar la escritura, cuando los trámites administrativos para un comprador extranjero suelen durar al menos tres meses.
- Documentación anómala: El asesor detectó irregularidades en los plazos de las escrituras y señaló que el supuesto propietario no acudió a una reunión prevista en su oficina para clarificar el asunto.
Por parte de la defensa, se cuestionó la capacidad financiera del denunciante, poniendo en duda cómo alguien con un salario mensual en torno a 1.000 euros podría disponer de tales sumas en efectivo.
Versión de la defensa: comisiones, un sobre de 600 euros y cuentas congeladas
Los cuatro acusados negaron categóricamente la estafa y atribuyeron la responsabilidad al denunciante, asegurando que este incumplió hasta tres contratos de arras consecutivamente por no poder reunir el dinero para la compra.
- N.L.S. (Intermediario): Sostuvo que el sobre del vídeo contenía únicamente 600 euros (y no 15.000) destinados a trámites documentales. Reconoció haber percibido una comisión de 6.000 euros por su mediación, justificando la cantidad por el precio de la vivienda, que consideró «muy inferior» al del mercado.
- R.E.B. (Esposa del intermediario): Respaldó la declaración de su marido y negó haber realizado amenazas relacionadas con la situación legal del denunciante en España.
- J.S.L.B. (Presunto propietario): Admitió que la vivienda, procedente de una herencia, presentaba problemas registrales que se resolvieron con retraso. Aceptó haber enviado un mensaje al denunciante diciendo «si quieres denunciarme, hazlo» tras vender la vivienda a un tercero debido a la falta de pago del comprador.
- H.A.E.K. (Cuarta acusada): Confirmó haber recibido parte del dinero en su cuenta bancaria personal, alegando que lo hizo porque el propietario tenía sus cuentas bloqueadas temporalmente por la entidad financiera.
Solicitudes de la fiscalía: 6 años de prisión
El Ministerio Fiscal consideró que la evidencia presentada confirma el delito continuado de estafa y mantuvo sus conclusiones provisionales. Por ello, pide para cada uno de los cuatro acusados:
- Seis años de prisión.
- Una multa durante 12 meses con una cuota diaria de 12 euros.
- El pago solidario y conjunto de una indemnización de 78.000 euros a la víctima, en compensación por el daño económico causado.
