El malestar entre numerosos funcionarios y técnicos de la Ciudad Autónoma de Ceuta va en aumento. Según diversas fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la Administración, algunos empleados públicos estarían soportando presiones para que determinados expedientes de contratación y licitaciones públicas concluyan conforme a los intereses marcados por responsables políticos o determinados empresarios.
Las fuentes consultadas aseguran que la inmensa mayoría de los técnicos mantiene su independencia y se niega a modificar sus informes pese a las presiones recibidas. Sin embargo, advierten de que también existirían casos en los que algunos responsables terminan plegándose a las directrices políticas, desvirtuando el papel que la ley reserva a los funcionarios encargados de velar por la legalidad de los procedimientos.
Quienes denuncian esta situación sostienen que estas prácticas no serían nuevas y recuerdan varios expedientes que acabaron demostrando, a su juicio, la importancia de la actuación independiente de los técnicos.
Uno de los casos más significativos fue el de la adjudicación de dos plantas del Conservatorio, en las instalaciones de González de la Vega, a una empresa de comunicación. Tras la presentación de una denuncia, los técnicos de Patrimonio emitieron informes que detectaban presuntas irregularidades en el procedimiento, lo que terminó provocando la reversión de la adjudicación y la devolución de los inmuebles al patrimonio de la Ciudad.
Otro episodio que citan es la adjudicación de la licencia de Televisión Digital Terrestre (TDT) a esa misma empresa de comunicación. El procedimiento fue denunciado por empresas competidoras del sector, entre ellas El Pueblo y Ceuta TV. Posteriormente, informes técnicos apreciaron presuntas irregularidades que desembocaron en la revocación de la adjudicación.
Las fuentes también recuerdan el conocido caso de Huerta Molino, cuya resolución acabó obligando a los adjudicatarios a reintegrar a la Ciudad cerca de 900.000 euros, después de que el expediente fuera objeto de revisión.
Para quienes denuncian estas situaciones, estos antecedentes demuestran que cuando los técnicos actúan con independencia pueden evitar perjuicios económicos y administrativos para la Ciudad. Sin embargo, alertan de que las presuntas injerencias políticas en la elaboración de informes o en la tramitación de expedientes representan un grave riesgo para la transparencia, la igualdad entre licitadores y la seguridad jurídica.
Las mismas fuentes reclaman que se garantice la absoluta autonomía de los funcionarios y técnicos, recordando que su obligación es servir exclusivamente al interés general y aplicar la ley con independencia de cualquier presión política o empresarial. Asimismo, consideran imprescindible que cualquier intento de influir en un procedimiento administrativo sea investigado y, en su caso, depurado, al entender que la confianza de los ciudadanos en las instituciones depende de que las decisiones públicas se adopten con criterios estrictamente legales y no por conveniencias políticas.
