La defensa del expresidente del Gobierno muestra su rechazo al informe de la UDEF que detalla aspectos de su vida privada y sostiene que su rutina diaria no debería estar sujeta al «criterio y conveniencia» policial sin respaldo legal.
MADRID. – José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, ha reaccionado con firmeza frente a la instrucción del caso Plus Ultra. Mediante un escrito presentado por su abogado, Víctor Moreno Catena, se reprocha al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, el «error» que facilitó la filtración de su agenda personal y numerosos mensajes privados con su secretaria a los medios.
Esta crítica surge un día después de que el propio magistrado ordenara iniciar una investigación penal sobre el origen de dichas filtraciones, reconociendo la gravedad de divulgar sin control el contenido completo de los anexos de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). No obstante, para la defensa de Zapatero, la raíz del problema está en el manejo interno de la documentación judicial.
Exposición al escrutinio policial
En su escrito, el abogado Moreno Catena resalta con contundencia el impacto que esta situación tiene sobre la privacidad del expresidente:
«La vida de don José Luis Rodríguez Zapatero no debe estar bajo el examen de la unidad policial, según su propio criterio y conveniencia, sin una justificación ni autorización judicial».
La defensa sostiene que los análisis policiales han excedido lo requerido para la investigación —que indaga un posible tráfico de influencias vinculado al rescate público de la aerolínea Plus Ultra y posibles delitos fiscales—. Al incluir numerosas citas, reuniones y conversaciones estrictamente privadas y ajenas al asunto, se habría vulnerado el derecho a la intimidad y un proceso justo.
Estrategia para anular la causa
Este planteamiento se añade a la solicitud formal de «nulidad general» que la defensa de Zapatero presentó en la Audiencia Nacional. En este recurso, piden que se excluyan del procedimiento «todas las pruebas obtenidas» durante los registros, argumentando que el caso presenta irregularidades desde el inicio: cuestionan las competencias de los juzgados que dieron inicio a la investigación y señalan que se han utilizado conversaciones privadas sin la adecuada justificación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Mientras el juez Calama busca proteger el proceso restringiendo el acceso a archivos multimedia mediante una pieza separada de «información sensible», el entorno de Zapatero continúa su estrategia para cuestionar la instrucción. Insisten en que el expresidente no influyó en el rescate de la aerolínea y que todas sus actividades de consultoría se desarrollan de manera legal.
