La defensa del expresidente del Gobierno ha requerido a la Audiencia Nacional que limite el alcance de la investigación policial, tras la filtración de agendas completas y mensajes privados de WhatsApp que considera ajenos al caso.
Madrid. — La representación legal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado una petición formal al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, para que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional restrinja su investigación exclusivamente a los hechos judicialmente delimitados. Aseguran que la vida personal del exlíder socialista no debe estar bajo el escrutinio ni a discreción de la unidad policial.
En un documento al que tuvo acceso EFE, la defensa solicita medidas urgentes para impedir la divulgación indiscriminada de datos personales. Esta petición surge luego del informe policial fechado el 22 de junio, que incluyó las agendas completas y numerosas conversaciones privadas de WhatsApp del expresidente.
“No pierde sus derechos por ser objeto de investigación”
El escrito critica el amplio alcance de las pesquisas policiales, recordando que la condición de investigado no elimina las garantías constitucionales:
“Ser investigado no implica que un ciudadano pierda sus derechos ni que las autoridades públicas puedan, sin límite alguno, infringir su privacidad, violar el secreto de sus comunicaciones o vulnerar la protección de sus datos personales.”
El abogado señala que esto es precisamente lo que ha ocurrido con Rodríguez Zapatero, indicando que los medios tienen en su poder no solo el informe, sino también todos los anexos con actividades y comunicaciones “estrictamente personales y no relacionadas con la causa”. Por ello, pide que se prohíba que la policía utilice esta información masiva para indagar en actividades personales o profesionales que no estén autorizadas específicamente por el juez.
Cuestionan una «investigación prospectiva» sobre Bolivia
La principal causa de esta reclamación es la solicitud de la defensa para devolver a la UDEF su último informe. En ese documento, la policía apunta que Zapatero habría participado en una “dinámica de intermediación e influencias” ante las autoridades bolivianas para favorecer al grupo empresarial peruano Gloria, supuestamente a cambio de una compensación económica de 200.000 euros durante los años 2024 y 2025.
La defensa exige que estos datos se descarten totalmente, argumentando que constituyen “hechos ajenos” a la base penal del caso y resultan de una investigación prospectiva (una indagación general en busca de delitos sin indicios específicos previos), que no cuenta con la autorización judicial requerida por la ley.
