MADRID — El Tribunal Constitucional ha decidido posponer hasta septiembre u octubre la resolución del recurso de amparo presentado por el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, frente a la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la Ley de Amnistía en relación al delito de malversación. Esta medida tiene como objetivo esperar y examinar con detenimiento la sentencia determinante que emitirá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La justicia europea marcará la pauta
El tribunal con sede en Luxemburgo tiene previsto dictaminar el próximo 16 de julio sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Tales consultas abordan la responsabilidad contable de varios líderes catalanes, entre ellos Puigdemont y el expresidente Artur Mas, así como las acusaciones de terrorismo contra doce integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR).
Fuentes jurídicas confiables han descartado que el Constitucional pueda tratar este asunto en el pleno ordinario previsto para el 20 de julio. Dicha sesión culminará su orden del día antes del 16 de julio, lo que impide incorporar el análisis del fallo europeo a tiempo.
Por lo tanto, el proceso judicial se desplazará inevitablemente a los meses de septiembre u octubre. Desde el tribunal se enfatiza que la sentencia del TJUE será fundamental y establecerá las pautas para dirimir el recurso presentado por Puigdemont, una resolución considerada crucial para su posible regreso a España.
Un procedimiento que demandará tiempo
Después de la publicación del veredicto europeo, los magistrados del Tribunal Constitucional examinarán su argumentación jurídica para determinar los pasos siguientes. Fuentes internas advierten que dicho trámite «llevará su tiempo» y que la duración dependerá exclusivamente de los contenidos del fallo del TJUE.
En favor de la defensa destaca el informe emitido el 13 de noviembre por el abogado general del TJUE, Dean Spielmann. Sus conclusiones, aunque no vinculantes, suelen anticipar la decisión final y respaldan la Ley de Amnistía al argumentar que fue creada en un «contexto real de reconciliación política». Además, sostiene que no existe una relación directa entre los gastos del procés y un daño real a las finanzas comunitarias, postura contraria a la del Tribunal Supremo.
Apoyo de la Fiscalía y situación vigente
A nivel nacional, tanto la Fiscalía General del Estado como la Abogacía del Estado se han posicionado a favor de conceder el amparo a Puigdemont. Ambas entidades consideran que el Tribunal Supremo debió aplicar la amnistía y califican de «irrazonable y arbitraria» la interpretación del alto tribunal que evita la aplicación de dicha norma en el caso de malversación.
Sin embargo, fuentes jurídicas recuerdan que, incluso si el Constitucional emitiera una sentencia favorable al líder de Junts en otoño, la competencia para ejecutar la orden y levantar las medidas cautelares seguiría correspondiendo exclusivamente al Tribunal Supremo.
Mientras este proceso judicial avanza, Carles Puigdemont permanece impedido de regresar a España. En enero pasado, el Tribunal Constitucional ratificó por mayoría de 10 votos contra 1 la vigencia de la orden nacional de detención que pesa sobre él mientras se resuelve definitivamente el fondo de su recurso de amparo.
