Madrid, 29 de junio de 2026. — Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional, ha ordenado la imputación de 25 personas en el denominado ‘caso Leire’. Entre los investigados figura la presidenta actual de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda. La investigación sigue una supuesta red que habría llevado a cabo maniobras para influir en ayudas públicas y alterar procesos judiciales relacionados con el PSOE y el Gobierno.
En una resolución emitida el lunes, Pedraz detalla que, tras estudiar el informe de la Fiscalía Anticorrupción, procede la investigación formal debido a la existencia de indicios sólidos de criminalidad.
Responsables en empresas públicas y privadas bajo investigación
La resolución amplía las imputaciones a diversos directivos y antiguos altos cargos de sectores claves y la administración pública. Entre los nombres destacados se incluyen:
- SEPI y empresas estatales: Julián Mateos Aparicio (director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas), Miguel Ángel Santiago Mesa (director corporativo), Rosario Martín Manzanedo y Félix Azcona Lacarra. Además, José Vicente Berlanga (expresidente de Enusa) y José Ramón Sempere (expresidente de Mercasa).
- Sector empresarial: Francisco Irazusta y Carlos López de las Heras (expresidente y consejero delegado de Tubos Reunidos, respectivamente); Francisco Javier López Buciega (exdirectivo de Acciona) y Antonio José Sánchez Campos (hijo del propietario de Forestalia).
- Ámbito institucional y jurídico: Juan Antonio Carrillo Donaire (catedrático y antiguo miembro del consejo consultivo andaluz) y Miguel Ángel Figueroa Teva (exinterventor general de la Junta de Andalucía).
Inicio de la investigación: comisiones sospechosas y facturas cuestionadas
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil centró inicialmente su investigación en una subvención pública de 112,9 millones de euros concedida por la SEPI a Tubos Reunidos.
Según la Fiscalía Anticorrupción, el grupo denominado Hirurok («Nosotros tres» en euskera), presuntamente formado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, habría realizado maniobras ilícitas para lograr la aprobación del préstamo. A cambio, habrían recibido una comisión de 114.950 euros a través de Mediaciones Martínez bajo la descripción de «prospección de mercados». La UCO considera estas facturas como falsas, indicando que el verdadero motivo del pago fue la comisión.
Presidencia en la sombra: Investigadores de la Guardia Civil señalan un papel relevante de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, quien habría cobrado 40.000 euros por estas gestiones. También sospechan que Fernández continuó controlando el organismo de hecho antes del nombramiento oficial de su sucesor, participando en reuniones clave, tomando decisiones y dando instrucciones internamente.
La instrucción se extiende a cinco operaciones
Aunque el caso se inició por el rescate a Tubos Reunidos, el juez Pedraz ha ampliado las investigaciones a otras cuatro entidades, siguiendo la Fiscalía, que ha hallado indicios similares de irregularidades en sus contratos u operaciones:
- Mercasa
- Enusa
- Parque Empresarial Principado de Asturias
- Forestalia
Con las nuevas imputaciones, la Audiencia Nacional pretende determinar el alcance de una red de influencias que, mediante posibles accesos privilegiados a información interna del Estado, habría alterado de manera ilícita la distribución de fondos públicos.
