El Consejo de Ministros modifica el mapa de acogida adaptándolo a la población y refuerza el sistema de reubicación obligatorio implementado el año pasado.
El Ejecutivo español ha avanzado en la consolidación del sistema para distribuir menores migrantes no acompañados. En la reunión del martes, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que ajusta la capacidad habitual de acogida de cada comunidad autónoma y ciudad autónoma según su población. Esta normativa pretende prolongar el modelo de reubicación vigente desde hace un año, redefiniendo los límites máximos de saturación para las regiones fronterizas, estableciendo la capacidad base en 29 menores para Ceuta y en 30 para Melilla.
Dicha cifra es esencial para asegurar la protección asistencial de Ceuta. El sistema considera que un territorio alcanza una situación de saturación y contingencia migratoria cuando excede el triple de su capacidad ordinaria. Tanto Ceuta, Melilla como Canarias cumplen actualmente esta condición, lo que posibilita el traslado automático de menores hacia la península.
Distribución de la acogida en España
El nuevo esquema de capacidades ordinarias, desarrollado por el Ministerio de Juventud e Infancia, distribuye la responsabilidad según la población de cada comunidad:
- Andalucía: con 3.009 plazas, encabeza el listado.
- Cataluña: dispone de 2.829 plazas.
- Comunidad de Madrid: cuenta con 2.471 plazas.
- Comunidad Valenciana: ofrece 1.903 plazas.
Las demás comunidades se sitúan por debajo de las 1.000 plazas. En la categoría media destacan Galicia (940), Castilla y León (830), Canarias (783) y País Vasco (776). En la parte inferior de la tabla, junto a Ceuta y Melilla, figuran La Rioja (114), Cantabria (206) y Navarra (237).
Respaldo institucional y contexto político
Este modelo, implementado en marzo del año pasado tras la reforma de la Ley de Extranjería, fue creado para aliviar la presión sobre las infraestructuras en los puntos de entrada. Pese a la resistencia de varias comunidades autónomas dirigidas por el Partido Popular (PP), el Gobierno central ha defendido su ejecución.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz gubernamental, Elma Saiz, subrayó que el sistema «sitúa el interés superior del menor en el centro» y promueve una verdadera corresponsabilidad estatal, sin importar la costa por la que lleguen los jóvenes.
Asimismo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, remarcó el apoyo financiero del Gobierno central a las autonomías, indicando que en 2024 se transfirieron 230 millones de euros para la atención a la infancia migrante, de los cuales más de la mitad (140 millones) se destinaron a Canarias, la comunidad con mayor presión migratoria reciente.
Con esta actualización, Ceuta obtiene un refuerzo legal fundamental para evitar el colapso de sus centros de acogida, garantizando por ley el procedimiento de derivación hacia la península.
