La denominada ‘Ley de Nietos’ ha recibido 2,4 millones de peticiones para la nacionalidad. El Ejecutivo defiende esta iniciativa como una medida justa frente a las críticas opositoras.
MADRID. — El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha presentado un balance sobre los resultados de la Ley de Memoria Democrática, destacando que un total de 2,4 millones de hijos y nietos de exiliados han solicitado formalmente la nacionalidad española. De estas solicitudes, 544.722 han sido ya aceptadas y aproximadamente 306.000 solicitantes constan oficialmente como ciudadanos españoles en los registros.
Según las cifras del ministerio correspondientes al 31 de marzo, la gestión internacional del proceso ha sido notable: la mitad de los pedidos globales (1,2 millones) fueron tramitados presencialmente en las oficinas consulares españolas ubicadas a nivel mundial.
Un mecanismo para resarcir el exilio
Esta ley, aprobada inicialmente en 2022, busca facilitar la nacionalidad a los descendientes de personas exiliadas tras la Guerra Civil (1936-1939) o que sufrieron persecuciones durante la dictadura franquista.
Además, la normativa corrigió dos situaciones históricas específicas:
- Pérdida de derechos por matrimonio: Permite que los hijos nacidos fuera de España de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978 puedan obtener la nacionalidad española.
- Continuidad familiar: Habilita a los hijos adultos de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Histórica de 2007 a seguir el proceso para obtenerla.
Aunque el plazo de presentación de nuevas solicitudes finalizó en octubre de 2025 —tras dos años y una prórroga de un año—, el Ministerio aclara que los trámites iniciados dentro del plazo establecido continúan su curso habitual.
Debate político en torno a la memoria democrática
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha defendido la transparencia y rigor del proceso, calificándolo de garantía para reparar los daños sufridos por quienes, por motivos ideológicos, políticos, de creencias, orientación sexual o dificultades económicas, tuvieron que renunciar a sus raíces o perdieron su documentación.
El informe también refleja tensiones políticas. El Gobierno ha responsabilizado directamente al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de trivializar y manipular la memoria democrática y los derechos adquiridos por las víctimas. Desde el ministerio lamentan que la oposición reduzca esta medida a un tema electoral, a pesar de considerarla una acción necesaria de reparación y justicia histórica.
“El PP está generando obstáculos”, han indicado fuentes ministeriales, añadiendo que se pretende dificultar el reconocimiento de quienes tienen derecho legítimo “a ser ciudadanos españoles en igualdad de condiciones”. Por último, sostienen que restituir la nacionalidad a descendientes de represaliados representa un deber democrático y no un beneficio.
