Madrid.— La acusación popular que representa al Partido Popular en el ‘caso Leire’ ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, una petición para que se investigue a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, su predecesor Leonardo Marcos, y al Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas.
Dicha solicitud se basa en las supuestas gestiones realizadas por la exmilitante del PSOE Leire Díez para iniciar una pesquisa interna contra la Unidad Central Operativa (UCO), relacionada con presuntas filtraciones en procesos judiciales vinculados al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez. La acusación considera que estos hechos podrían constituir delitos como prevaricación administrativa, obstrucción a la justicia, deslealtad profesional y revelación de secretos.
Las declaraciones que han reactivado el proceso
La petición se produce tras los recientes testimonios de altos oficiales del instituto armado. Entre ellos sobresale la declaración del exjefe de la UCO, Rafael Yuste, quien confirmó ante el juez que el DAO, Manuel Llamas, solicitó que la unidad «se mantuviera al margen» y evitara ser «proactiva» en investigaciones con posibles implicaciones políticas, aunque los mandos aclararon que no se sintieron presionados directamente.
Por otro lado, Mercedes González compareció el 16 de junio ante el Senado, donde negó rotundamente estar involucrada en ningún complot o conspiración contra la UCO, ya sea por influencia de Leire Díez o de cualquier otra persona.
Cuatro inconsistencias señaladas por la acusación
En el escrito presentado al juez Pedraz, la acusación popular expone que la actual directora general debe ser investigada debido a al menos cuatro contradicciones en sus declaraciones sobre su relación con Leire Díez:
- Negación inicial de encuentros: En primera instancia, mediante el Ministerio del Interior, negó cualquier reunión. Más tarde reconoció dos encuentros en cafeterías y, por último, admitió un tercer encuentro, argumentando motivos personales y familiares. La UCO señala que estas reuniones tuvieron lugar el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, y el 2 de abril de 2025.
- Readmisión de un oficial imputado: Se confirmó que la directora pidió la reincorporación al cuerpo del comandante Rubén Villalba, imputado en el ‘caso Koldo’, con quien Leire Díez habría mantenido una reunión previamente para recabar información.
El seguimiento de los mensajes eliminados
La sospecha de la UCO: Los informes policiales sugieren que Leire Díez fue la impulsora de una información reservada dentro del cuerpo para investigar si la UCO filtró a la prensa ciertos mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente Pedro Sánchez.
La investigación relaciona esta acción con el intercambio de comunicaciones entre Díez y la directora general de la Guardia Civil. Según la UCO, un día después de que estos mensajes fueran difundidos en medios, ambas intercambiaron textos que luego fueron borrados.
El análisis técnico indica que en esa fecha se detectó el inicio de un chat nuevo, que podría estar vinculado a la eliminación de conversaciones anteriores y a la activación de la autodestrucción automática de mensajes en intervalos de 24 horas. Para la acusación, esta eliminación intencionada de pruebas durante la investigación sobre la UCO representa un indicio importante de posible responsabilidad penal.
