Mientras el Puerto de Ceuta presenta como un éxito la instalación de los primeros cargadores rápidos de la ciudad y su planta fotovoltaica, crece la controversia por el intento de que la Ciudad Autónoma asuma parte del coste de las obras necesarias para abastecer la futura desaladora.
La Autoridad Portuaria de Ceuta ha vuelto a poner el foco en los avances de Avangreen con la puesta en marcha de los primeros cargadores eléctricos de 90 y 60 kW de la ciudad, alimentados por una planta fotovoltaica de tres megavatios integrada por más de 4.400 paneles solares en el Muelle de Poniente.
Sin embargo, tras la imagen de modernidad y sostenibilidad que se proyecta, la principal polémica gira en torno a otro asunto: el coste de las infraestructuras necesarias para dar servicio a la futura desaladora.
Según la información recabada por este medio, existen gestiones para que una parte de las obras necesarias para llevar el suministro hasta la instalación sea financiada con dinero público, en lugar de ser asumida íntegramente por la empresa promotora. Esta circunstancia ha generado un importante malestar al entender que una inversión vinculada a un proyecto privado no debería repercutir sobre las arcas públicas.
Las mismas fuentes sostienen que cargos políticos de la Ciudad Autónoma estarían impulsando esta fórmula de financiación, una decisión que, de materializarse, abriría un intenso debate sobre el destino de los recursos públicos y el reparto de las obligaciones económicas entre la Administración y la empresa beneficiaria.
A esta controversia se suma la situación del anunciado centro de datos, presentado durante años como uno de los proyectos estratégicos para diversificar la economía ceutí. Pese a los sucesivos anuncios institucionales, la instalación continúa sin entrar en funcionamiento, mientras el Puerto sigue incluyéndolo entre los principales logros de su estrategia de desarrollo.
La sensación que trasladan diversos sectores es que se está priorizando la difusión de los proyectos ya inaugurados, como la planta solar o los nuevos cargadores eléctricos, mientras permanecen sin respuesta cuestiones fundamentales sobre el estado real del resto de inversiones comprometidas.
La transición energética y la captación de inversión privada constituyen una oportunidad para Ceuta. No obstante, también exigen el máximo nivel de transparencia, especialmente cuando existe la posibilidad de que fondos públicos sufraguen infraestructuras asociadas a proyectos empresariales.
Más allá de los anuncios y de las fotografías institucionales, la ciudadanía tiene derecho a conocer quién asumirá finalmente el coste de estas obras, qué compromisos adquirió cada una de las partes y por qué determinadas inversiones privadas podrían acabar siendo financiadas con recursos de todos los ceutíes.
