MADRID — El Partido Popular, que actúa como acusación popular única en el denominado ‘caso SEPI’, ha presentado una solicitud formal ante la Audiencia Nacional para imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; a su predecesor, Leonardo Marcos; y al Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas. En el escrito, el PP les atribuye una presunta colaboración con las llamadas cloacas del PSOE con el fin de entorpecer investigaciones judiciales con implicaciones políticas.
La petición de nuevas diligencias se dirige al Tribunal Central de Instancia número 5 tras la revelación en informes recientes de la Unidad Central Operativa (UCO) acerca de reuniones, eliminación de mensajes de teléfono y supuestas instrucciones para limitar la actividad de los agentes en casos relacionados directamente con el entorno gubernamental, como el asunto vinculado al hermano del presidente Pedro Sánchez.
Mensajes eliminados e investigación interna acelerada
Los hechos que motivan la solicitud de imputación datan de mayo de 2025, en concreto la mañana en que un medio difundió conversaciones de WhatsApp entre el presidente del Gobierno y el exministro José Luis Ábalos. De acuerdo con el informe ampliatorio enviado al juez Santiago Pedraz, la UCO detectó estos movimientos sospechosos:
- Activación del borrado automático: El 11 de mayo de 2025, Mercedes González intercambió mensajes con Leire Díez, considerada ‘fontanera’ del PSOE. Los investigadores destacan que a las 9:16 horas esa mañana, la directora general activó una función de eliminación automática de mensajes con un intervalo de 24 horas.
- Presiones a la UCO: Dos horas después, el DAO, Manuel Llamas, convocó en una cafetería al jefe de Seguridad para ordenar la apertura urgente de una investigación interna destinada a identificar al supuesto ‘filtrador’ dentro de la UCO.
Cuatro días más tarde, el jefe de la UCO admitió que el instructor del expediente interno le comunicó que el DAO «recibía fuertes presiones políticas» para reactivar esta pesquisa, que finalmente fue detenida por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.
Instrucciones para adoptar una actitud pasiva en casos políticos
El escrito presentado por el PP destaca que tanto el exdirector Leonardo Marcos como el DAO Manuel Llamas indicaron a varios mandos de la UCO que debían «ponerse de perfil» y reducir su iniciativa en investigaciones penales con implicaciones políticas. Todo ello mientras la directora general mantenía hasta tres encuentros presenciales con Leire Díez, quien en privado afirmaba tener un «control absoluto» sobre Mercedes González.
Investigaciones paralelas: Este nuevo proceso judicial coincide con la decisión del juez Santiago Pedraz de convocar como testigos a los fiscales Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera —mano derecha del Fiscal General Álvaro García Ortiz— para que expliquen los motivos de sus reuniones con Leire Díez en la sede de la Fiscalía General del Estado.
