Las administraciones regionales acuerdan un decálogo conjunto en el que señalan la carencia de memoria económica, la fractura del consenso institucional y el peligro de colapso en la continuidad asistencial hospitalaria.
Existe un consenso firme y global de las comunidades autónomas frente al Ministerio en materia sanitaria. Todas las regiones españolas han firmado un contundente decálogo de consenso exigiendo la retirada del actual anteproyecto de ley del Estatuto Marco del personal sanitario y la reanudación inmediata de las negociaciones desde un inicio.
El documento de acuerdo fue presentado públicamente por el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, en la Comisión Técnica Delegada de Recursos Humanos. Esta negativa de las autonomías llega apenas un día antes de la importante sesión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), alterando el calendario legislativo previsto por el Ministerio dirigido por Mónica García.
Las autonomías critican una «cesión» exclusiva a los sindicatos
Las regiones reconocen la necesidad de actualizar un estatuto que data de 2003, pero critican el enfoque unilateral empleado por el Ministerio. Según el texto aprobado por unanimidad, las modificaciones significativas de la normativa provienen principalmente de acuerdos con los sindicatos, ignorando a las administraciones con las competencias transferidas, que finalmente deben financiar y gestionar estos servicios.
El decálogo enfatiza que las modificaciones realizadas en última instancia «rompen con la metodología tradicional de trabajo» del SNS, basada en la colaboración y el análisis técnico previo.
Alertas importantes: desde el colapso organizativo hasta la falta de financiación
Los consejeros de salud advierten que el borrador actual descompensa el equilibrio entre derechos laborales y la sostenibilidad del sistema, destacando tres puntos críticos:
- Riesgo asistencial: Las decisiones sobre jornadas laborales, descansos, guardias, remuneraciones y clasificación profesional se adoptaron sin analizar su impacto real en la continuidad de consultas y urgencias.
- Inseguridad jurídica: Alertan que el texto podría generar una aplicación confusa en los centros hospitalarios y aumentar los conflictos legales.
- Déficit presupuestario: Las comunidades denuncian la falta total de una memoria económica sólida, reclamando conocer la necesidad de personal adicional que implicará la ley y los recursos para financiarla.
La propuesta de las autonomías: regreso al foro técnico de 2023
Para resolver la disputa y hacer valer el «principio de lealtad institucional», las comunidades plantean regresar formalmente al grupo técnico de actualización creado en 2023, al considerarlo el único espacio adecuado para equilibrar los derechos laborales con las necesidades operativas.
| Eje del Conflicto | Postura del Ministerio frente a las CC.AA. |
| Metodología | El Ministerio acordó los cambios finales con sindicatos; las comunidades denuncian exclusión deliberada. |
| Financiación | El anteproyecto carece de ficha financiera; las autonomías exigen presupuesto asegurado antes de aprobarlo. |
| Próximo paso | Las comunidades condicionan el avance de la reforma a que el Ministerio ceda en el Consejo Interterritorial del viernes. |
Los dirigentes autonómicos de salud concluyen con una advertencia a Madrid: el éxito de la norma dependerá de que el Ministerio abandone la unilateralidad y reconozca que una reforma de este calibre no es viable sin la participación de los gestores reales de hospitales y centros sanitarios.
