MADRID – El juez Francisco de Jorge, de la Audiencia Nacional, ha decidido admitir a trámite dos querellas que buscan investigar a dos altos mandos militares israelíes por un posible delito de detención ilegal. La investigación se centra en el asalto militar llevado a cabo el 1 de octubre de 2025 contra la Flotilla Global Sumud, una operación humanitaria dirigida a Gaza que incluía entre sus pasajeros a la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, junto a otros activistas.
Contraviniendo el criterio de la Fiscalía, el magistrado aceptó las querellas presentadas conjuntamente por el Partido Comunista de España (PCE), Izquierda Unida (IU) y varios particulares. Los investigados en la causa son Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), y Ram Rothberg, quien figura como comandante en jefe de la Marina israelí en el auto judicial, aunque dejó el cargo en 2016.
Jurisdicción limitada a embarcaciones con pabellón español
El juez De Jorge fundamenta la competencia de los tribunales españoles en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En el auto se indica que durante el abordaje realizado en alta mar por el Ejército israelí, a unas 70 millas náuticas de la costa, fueron capturadas por la fuerza embarcaciones que navegaban con bandera española, privando de libertad a sus tripulantes. Según el derecho internacional, dichos buques están sujetos completamente a la jurisdicción española.
No obstante, el magistrado ha delimitado rigurosamente el alcance del proceso penal:
- Ámbito exclusivo: La investigación se centrará únicamente en los presuntos delitos de detención ilegal cometidos a bordo de los barcos con bandera española.
- Exclusión de hechos en territorio israelí: Se descartan las denuncias relacionadas con sucesos ocurridos una vez que los tripulantes fueron trasladados a buques de guerra israelíes o centros penitenciarios de Israel, considerándolos desconectados penalmente de lo sucedido en las embarcaciones españolas.
- Rechazo de querellas adicionales: El juez ha desestimado las demandas dirigidas contra Itamar Ben Gvir, actual ministro israelí responsable de prisiones, y Yosef Knipes, máximo representante del penal de Ketziot. Asimismo, ha rechazado calificar los hechos como delitos de piratería, tortura o crímenes contra bienes protegidos en conflictos armados, como pedían los querellantes.
Colaboración con la Corte Penal Internacional
A pesar de las limitaciones establecidas, el juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha señalado que el procedimiento continuará con la realización inmediata de diligencias urgentes. Entre las primeras medidas ordenadas figura la identificación y localización de todos los ciudadanos que iban a bordo de los barcos españoles para tomarles declaración formal y darles la oportunidad de ejercer acciones legales.
Además, el magistrado ha remitido una comisión rogatoria a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. Mediante esta comunicación solicita que se compruebe si los mandos imputados ya están bajo investigación, si cuentan con medidas cautelares internacionales y si formalmente enfrentan cargos relacionados con estos hechos. También pide que la CPI se pronuncie sobre la posibilidad de asumir de manera autónoma la investigación relativa a las embarcaciones españolas o si es necesario que la Audiencia Nacional se inhiba para que estos casos se integren en su macrocausa sobre genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad.
